La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al exdelegado territorial de Vivienda a cuatro años y medio de prisión por las irregularidades cometidas en el proceso de liquidación de la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia.

Además, el tribunal le impone la pena de ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y tendrá que indemnizar a la administración vasca con 393.714 euros.