El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha adoptado hoy el siguiente acuerdo por mayoría.

“La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se adhiere al manifiesto leído el pasado miércoles 11 de junio de 2025 y que contiene el siguiente texto: 

La Constitución de 1978 implanta en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía. Esta independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas. 

Entre estas se encuentran el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, iniciativas ambas contras las que hoy reaccionamos con este paro. 

El primero, tramitado injustificadamente por vía de urgencia, es un proyecto que no responde a demanda social alguna. Además, ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial. Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración.

Así mismo, y entre otras medidas (como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces), se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país. 

Pero, sobre todo, poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a mil trecientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal. 

A la vez que todo esto, y con el segundo anteproyecto referido, se quieren aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción. 

Todas estas reformas tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al Poder Judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos. 

Y es que la existencia de un Poder Judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma. Ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país. 

No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder. 

Por todas estas razones, y con este paro, pedimos la retirada de ambos proyectos. 

Y para el caso que no sea así, no descartamos la adopción de medidas de conflicto más intensas, como la huelga. 

Sin olvidar que también reclamamos, como llevamos haciendo desde hace lustros, una masiva creación de plazas judiciales y fiscales a fin de mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad". 

Voto particular 

El acuerdo ha contado con siete votos a favor (los magistrados Luis Ángel Garrido Bengoechea, José Luis Núñez Corral, Reyes Goenaga Olaizola, María Josefa Barbarín Urquiaga, Alfonso Álvarez-Buylla Naharro, Ignacio Sánchez Morán e Irene Rodríguez del Nozal) y dos en contra, el del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana Zunzunegui, quien ha formulado el siguiente voto particular, al que se ha adherido la magistrada Julia Saurí Martín. Los otros cuatro magistrados que componen el Pleno de la Sala de Gobierno del TSJPV no estaban hoy en la reunión. 

“Con el máximo respeto profesional y aprecio personal a los integrantes de la mayoría, mediante la formulación del presente voto particular hago pública mi discrepancia con el acuerdo adoptado por el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su reunión del día 27 de junio de 2025 sobre el punto del orden del día propuesto por los Ilmos. magistrados D. Emilio Lamo de Espinosa y D. Alfonso Álvarez-Buylla Naharro y la Ilma. magistrada Dña. Irene Rodríguez del Nozal. 

Tal y como plasmé en el debate, considero que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia no debió adoptar un pronunciamiento sobre el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carrera judicial y fiscal, que se encuentra, en la actualidad, en el proceso de tramitación parlamentaria. 

Esta afirmación la apoyo en el marco normativo diseñado por el artículo 152 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial y los artículos 4 y 5 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio, del Consejo General del Poder Judicial, de los órganos de gobierno de los Tribunales. 

Estos preceptos delimitan las funciones de gobierno interno de la Sala de Gobierno respecto a los juzgados y tribunales radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Ninguna de las atribuciones descritas en el elenco de los preceptos normativos anteriormente referidos, que definen y delimitan el marco competencial de la Sala de Gobierno, contempla que la misma efectúe un pronunciamiento público sobre la valoración de un proyecto de Ley Orgánica que se está tramitando en el Parlamento nacional. Esta apreciación, a mi juicio, es predicable cualquiera que sea la consideración, incluso la más crítica, que merezca el contenido de la iniciativa legislativa del Gobierno. 

En mi opinión, el cuadro normativo referido permite perfilar el espacio en el que se desenvuelve el ejercicio de cada uno de los tres poderes del Estado diseñados en la Constitución”.