Cerca de 50 juezas y jueces y un total de 86 centros escolares vascos van a participar este curso 2023-2024 en el programa Educar en Justicia, que busca acercar el funcionamiento del sistema judicial al alumnado de Secundaria, Bachillerato y FP vasco.

Las novedades de esta edición son el importante incremento tanto de centros educativos interesados como de profesionales de la Justicia que participarán en él, incluidas varias fiscales.

Al cierre del periodo de inscripción se han inscrito 86 centros: 10 de Álava, 51 de Bizkaia y 25 de Gipuzkoa.
Educar en Justicia se inició en el País Vasco en el curso 2019-2020 con un piloto en el que participaron dos centros de Bilbao, pero quedó interrumpido por la pandemia de la Covid, y se retomó el pasado ejercicio 2022-2023 en 48 escuelas y con la participación de cerca de 40 juezas y jueces.

El programa está articulado en tres sesiones por centro educativo tanto en castellano como en euskera. En la primera, la jueza o el juez mantiene un coloquio con el alumnado; en la segunda sesión, los alumnos y alumnas acuden a un juzgado, visitan las instalaciones y asisten a un juicio; y finalmente, en la tercera sesión, simulan un juicio real.

Con esta iniciativa se pretende que el alumnado adquiera un conocimiento suficiente de cómo funciona el sistema judicial, se le informa de cuáles son los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social), cómo se desarrolla un juicio penal y qué función desempeña cada parte en él.

Además, se hace especial incidencia en cuestiones como la violencia de género, el acoso escolar, el uso de las redes sociales y el respeto a la privacidad, con mención específica al intercambio de imágenes íntimas o sexuales, el consumo de drogas y la responsabilidad penal del menor.

Educar en Justicia es una iniciativa promovida por la Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial, que cuenta con la participación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Asimismo, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, a través de la Viceconsejería de Justicia, se encarga de la coorganización del programa.