Los 17 Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de España, reunidos en Albacete entre el 2 y el 5 de octubre de 2012, han alcanzado las siguientes conclusiones: 

Preliminar

Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia,  ante la gravedad de la situación generada por diversas iniciativas legislativas, mantuvimos una entrevista con el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, al objeto de transmitirle nuestra posición sobre las mismas al tiempo que le manifestamos nuestra lealtad institucional, ofreciéndole la más estrecha colaboración con todas las iniciativas que desde el Consejo General del Poder Judicial y en la calidad del Presidente, como máximo representante del Poder Judicial en España, tenga a bien promover.

Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia mostramos el agradecimiento por la reunión mantenida y valoramos  con él la oportunidad de que en un inmediato futuro pudiera celebrarse un encuentro al más alto nivel con las autoridades políticas con competencia en materia de justicia. Y ello, al objeto de buscar puntos de consenso en torno a iniciativas que, garantizando la independencia del Poder Judicial, permitan avanzar en una justicia de calidad.

Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia constatamos que los problemas que afectan a la Justicia, en la perspectiva del servicio a los ciudadanos, no pasan prioritariamente por reformas que afecten al estatuto orgánico de los jueces o al gobierno del Poder Judicial. Antes, al contrario, es preferente y necesario afrontar en profundidad reformas de naturaleza organizativa, tecnológica y procesal, entre otras.

-Propuestas institucionales sobre el Poder Judicial

Consideran prioritario el fortalecimiento del Poder Judicial y la defensa de su independencia. Los Presidentes de los TSJ “proclaman” de nuevo la necesidad de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sea el “órgano constitucional encargado de velar por la independencia de los Jueces y Tribunales”, y por tanto muestran su “desacuerdo más absoluto con las iniciativas que tiendan a debilitarlo” restándole su papel constitucional.

Los Presidentes de los TSJ creen necesaria una coordinación entre los órganos encargados de la organización de la Administración de la Justicia (CGPJ, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia transferidas). Piden solución a las carencias estructurales, organizativas, tecnológicas y presupuestarias que presenta la Administración de Justicia, situación que se ha visto agravada por una “completa paralización de las inversiones en Justicia” debido a la importante crisis económica.

Exigen que los órganos de gobierno del Poder Judicial tengan autonomía de gasto que les permita, dentro de los límites presupuestarios, adoptar medidas de refuerzo en los órganos judiciales.

-Propuestas sobre la futura demarcación y planta judicial

Para los Presidentes de los TSJ “los profundos cambios demográficos, económicos y sociales” acontecidos en España justifican una nueva Ley de Planta y Demarcación que permita una redistribución más racional de los órganos judiciales.

Consideran los Presidentes de TSJ que en esta redistribución es “imprescindible” un llamado pacto de Estado entre el Ministerio de Justicia, el CGPJ y las Comunidades Autónomas con competencias en justicia para conseguir una organización “homogénea” y “accesible” de la Administración de Justicia. Nuevo modelo organizativo, dicen los Presidentes de los TSJ, que debe hacerse “de manera realista“, sin olvidar las peculiaridades y características de cada territorio, y contando con el presupuesto imprescindible para que la nueva organización tenga éxito.

Como paso previo a la nueva Planta y Demarcación Judicial, ha de abordarse, en opinión de los Presidentes de los TSJ, la especialización de los órganos judiciales.

La nueva organización judicial debe articularse sobre tribunales de instancia, garantizando los principios de independencia judicial e inamovilidad.

-Propuestas de carácter organizativo

Los Presidentes de los TSJ insisten en que el funcionamiento de las oficinas judiciales no puede quedar al margen de los órganos de gobierno del Poder Judicial (Jueces Decanos, Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia). Es necesario, dicen los Presidentes, que las Salas de Gobierno tengan posibilidad de una acción gubernativa cuando surjan disfunciones en la Oficina Judicial que puedan incidir en el funcionamiento de juzgados y tribunales.

Los Presidentes de los TSJ reclaman la urgente necesidad de la modernización tecnológica de la justicia, que pasa por la incorporación del expediente digital y una plataforma común de comunicación telemática en todos los órganos judiciales de España. Así mismo piden inversión en mantenimiento (I+D) en el sistema informático.

-Propuestas sobre sustituciones en los órganos judiciales y sobre el estatuto de la carrera judicial

Los Presidentes de los TSJ consideran que debe adecuarse la planta judicial a la carga de trabajo real, teniendo en cuenta que la Judicatura en su gran mayoría está haciendo frente a dicha carga con un importante esfuerzo personal. Esfuerzo que no viene acompañado de los medios necesarios para ejercer de una forma normalizada su labor jurisdiccional.

En todo caso, y hasta que se adecúe definitivamente la planta judicial, el sistema de sustituciones en los órganos judiciales que se lleve a cabo no debe redundar en detrimento de la calidad de la Justicia. En este sentido, los Presidentes de los TSJ muestran su preocupación porque las modificaciones que se proyectan en dicho sistema de sustituciones puedan provocar un aumento de las cargas de trabajo, que ya son inasumibles a día de hoy por la falta de jueces.

-Sobre las reformas procesales

Los Presidentes de los TSJ estiman muy necesario el impulso de reformas legislativas que lleven a la modernización de la justicia y de las leyes procesales, concretamente la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Para ello proponen, entre otras medidas urgentes, la potenciación de las conformidades en el orden jurisdiccional penal, o la práctica de las mediaciones en procesos penales por infracciones menos graves.

También se propone que exista una sola instancia de revisión judicial en materias de escasa entidad o gravedad.