Las magistradas Sara Carrión de Castro, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo, y Eva Cerón Ripoll, del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Donostia-San Sebastián, son las delegadas vascas designadas en la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes.

Esta red fue constituida el pasado julio en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cuenta con delegados en el ámbito territorial de todos los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y de la Audiencia Nacional (AN).

En total, está integrada por 39 miembros de la Carrera Judicial -22 mujeres y 17 hombres- entre los que figuran las magistradas Sara Carrión de Castro y Eva Cerón Ripoll designadas a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Ambas han remarcado la importancia de dar a conocer la existencia y el funcionamiento de esta red a fin de que el resto de jueces/as y magistrados/as que ejercen en el País Vasco puedan dirigirse a ellas para cualquier necesidad que puedan surgirles en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales con ocasión de una eventual emergencia o catástrofe.

Entre las funciones de esta red –cuyos miembros ejercerán por un periodo de cuatro años, renovables por periodos sucesivos también de cuatro años- está la de asistir técnicamente en situaciones de emergencia y catástrofes a los órganos gubernativos y judiciales que lo soliciten.

En especial a la presidencia de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, a la Comisión Judicial de Crisis que se pudiera constituir y al juez/a en funciones de guardia que deba intervenir en situaciones de emergencias y catástrofes.

Esta red también se encarga, entre otras funciones, de asegurar la adecuada coordinación de la actuación gubernativa y judicial mediante su integración, cuando proceda, en la estructura organizativa del Plan de Protección Civil que se active

También de incentivar, en el ámbito de su Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Nacional, la realización de actividades formativas y la participación en ejercicios prácticos o simulacros, con el fin de mantener la formación continuada en la materia de gestión de emergencias y catástrofes de los demás integrantes de la Carrera Judicial que desempeñen funciones gubernativas y judiciales en sus respetivos TSJ o en la AN.