Después de una sucinta exposición sobre la situación del sistema de justicia en Euskadi, el presidente Subijana ha subrayado que el reto de la mejora de la accesibilidad mediante la implantación de los ajustes procesales precisos tiene una proyección específica en varios de los objetivos que la Sala de Gobierno del TSJPV ha diseñado para este año judicial en ámbitos tan diversos como la justicia digital, la violencia de género, la violencia sexual, la diversidad funcional, las personas con trastornos mentales, las empresas en crisis y la justicia restaurativa. 

En el plano de la justicia digital ha señalado que la digitalización supondrá una mejora de los estándares de calidad en la gestión de los procesos, una implantación de la carta de servicios de la Justicia conectada a la sede electrónica y una potenciación de las videoconferencias como antesala del juicio telemático. Pero, también, como específico ajuste procesal, tendrá que articular un plan de inclusión digital para neutralizar la brecha digital y facilitar la accesibilidad judicial además de preservar los espacios de interacción personal que permitan respetar los estándares del juicio justo. 

En el ámbito de las mujeres y niñas víctimas de violencia de género y sexual, ha apuntado que la mejora de la accesibilidad transita por ajustes procesales como la extensión, a toda la Comunidad Autónoma, de las guías informativas sobre los derechos  de las víctimas y del itinerario procesal que permitan el acceso a una información comprensible; la dinamización de las políticas de acompañamiento de las víctimas durante el desarrollo del procedimiento, que debilite la sensación de soledad y la culminación de la adecuación de las instalaciones de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a los parámetros de acogida, atención y escucha de las víctimas de la violencia machista y sexual. Todo ello conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica recientemente modificadas. 

En el tema de las niñas, niños y adolescentes víctimas de agresión sexual, la mejora de la accesibilidad precisa del establecimiento de los protocolos de actuación necesarios para la creación de entornos seguros, de buen trato e inclusivos para la infancia, protegiéndoles de la victimización secundaria en línea con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

En el caso específico de personas con diversidad funcional, Iñaki Subijana ha precisado que la mejora de la accesibilidad al sistema de justicia precisa de cuatro ajustes procesales: unos centrados en la comunicación mediante el empleo de un lenguaje claro, sencillo y comprensible; otros ceñidos a la mejora de la comprensión mediante el uso de sistemas de lectura fácil, intérpretes de lenguas de signos o medios de apoyo técnicos específicos; unos terceros conectados con un mayor rendimiento de la interacción con el entorno a través de la presencia de un facilitador para que la persona con diversidad funcional entienda y sea entendida, así como el acompañamiento de una persona de su elección para ganar dosis de confianza y la adaptación funcional de las salas a sus necesidades específicas; y, finalmente, otros, actitudinales a través de la capacitación específica de los operadores jurídicos y la elaboración de guías de buenas prácticas en la gestión de los espacios de acogida, escucha y acompañamiento. 

En el ámbito concreto de las personas con trastornos psíquicos, además de los ajustes procesales anteriores, el presidente del Tribunal Superior entiende que la mejora de la accesibilidad transita por la aplicación de postulados propios de la justicia terapéutica centrados en la búsqueda del máximo rendimiento de las audiencias y comparecencias judiciales a través de su articulación como espacios presididos por la escucha activa para la detección de las necesidades de asistencia y atención a estas personas, cualquiera que sea su posición en el proceso. 

En el seno de los conflictos de naturaleza económica, el presidente del TSJPV se ha referido a la incidencia que la pandemia COVID-19 y la crisis energética vinculada a la invasión rusa de Ucrania está teniendo en el tejido empresarial, lo que conlleva que la mejora de la accesibilidad se vincule a la facilitación de respuestas judiciales que posibiliten la supervivencia de las empresas y el consiguiente mantenimiento de los niveles de empleo. En este contexto, ha subrayado como al hilo de la nueva normativa concursal que trata de sustituir la liquidación por la reestructuración empresarial, se ubica la colaboración del Tribunal Superior de Justicia con la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) para la implantación de una plataforma digital que, con las debidas garantías jurídicas, permita ofertar a potenciales inversores unidades productivas viables que se encuentran atenazadas por una situación de falta de liquidez. Este instrumento, junto con el reforzamiento de la jurisdicción mercantil con la entrada en funcionamiento el pasado 30 de junio del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Donostia-San Sebastián, son dos de las medidas que tratan de reforzar la accesibilidad de las empresas a remedios jurisdiccionales que permitan una mejor gestión de los procesos concursales, cuyo incremento ya se está detectando en el tercer trimestre de este año. 

Finalmente, en la implantación del modelo de justicia restaurativa que complemente el adversarial, la mejora de la accesibilidad precisa de la adopción de las medidas necesarias para que las personas, cualquiera que sea la localidad de la Comunidad Autónoma en la que residan, cuenten con la posibilidad real de acceder al citado modelo. Sustancialmente estas medidas son dos: la disponibilidad - ya implantada - de los servicios de justicia restaurativa en todos los partidos en los que se asienta la planta judicial y el debate abierto, entre jueces, fiscales, abogados, letrados de la Administración y agentes de mediación, sobre el modo y manera de implementar el modelo de justicia restaurativa intraprocesal del que se extraigan unas conclusiones que permitan transitar hacia la elaboración de criterios homogéneos que doten de seguridad jurídica a este modelo de justicia. También – concluyó - debe fomentarse la mejora de la accesibilidad a través de la extensión del modelo de justicia no adversarial, con las necesarias adaptaciones, a los órdenes jurídicos no penales.