En el transcurso de la reunión celebrada el pasado viernes, 5 de junio, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aprobó, mediante acuerdo, las agendas coordinadas de señalamientos de juicios -a celebrar desde el próximo 8 de junio hasta el 31 de julio- con los que se reanudará la actividad judicial que ha permanecido suspendida desde el pasado 14 de marzo por motivo de la declaración del estado de alarma.

Las agendas de señalamientos aprobadas para los juzgados y tribunales con sede en las tres capitales de los Territorios Históricos así como en los partidos judiciales de Barakaldo, Getxo e Irún prevén la celebración de actuaciones judiciales en horarios de audiencia de mañana y, también, de tarde. En este último caso, en proporción que no superará el treinta por ciento de las actuaciones señaladas.

La distribución de las horas de audiencia pública y celebración de actuaciones judiciales entre la mañana (de 8:00 a 13:30 horas) y la tarde (de 15:00 a 19:30 horas) persigue que la presencia de personas en los palacios de justicia no supere los aforos de ocupación máxima establecidos para cada sede judicial, en general, y para cada una de las plantas, lugares de tránsito y áreas de espera.

A este efecto, las agendas de señalamiento contribuyen de manera prioritaria a obtener una adecuada ponderación en la aplicación de medidas de preservación del derecho a la salud tanto del público como de las ciudadanas y ciudadanos litigantes, de los testigos y peritos que acceden a los palacios de justicia, del personal al servicio de la Administración de Justicia y de las personas integrantes de las profesiones del foro que desempeñan su labor y ejercen sus cargos en las sedes judiciales.

Estas previsiones han sido coordinadas desde la Comisión de Seguimiento Covid-19 con la Vice-Consejería de Justicia que, en el marco de la orden del Ministerio de Justicia que regula la fase III de la desescalada, ha dictado con esta misma fecha, la pertinente Instrucción, por la que se acuerda la implantación del trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en turnos presenciales de mañana y tarde y se habilita a las Secretarias Coordinadoras Provinciales del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia para la adscripción del personal requerido.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia desea expresar su decidida voluntad de contribuir en el ejercicio de sus funciones a la realización del Plan de Reactivación de la Actividad Judicial que se desarrollará en los próximos meses y que será el precedente indispensable para que, a partir del mes de setiembre, pueda abordarse la realización del Plan de Choque cuyas líneas estratégicas han sido ya adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial.

En el mismo acuerdo, la Sala de Gobierno ha querido plasmar y trasladar a la sociedad la inmensa deuda de gratitud que durante estos meses han contraído desde la jurisdicción y el servicio público de la justicia con las personas y las instituciones del sistema de justicia; y, muy singularmente, con los empleados al servicio de la Administración de Justicia, los profesionales de la fiscalía, los L.A.J., la abogacía, la procura, los graduados sociales, los agentes de la policía judicial, los facultativos del Instituto Vasco de Medicina Legal, de los Servicios Psicosociales y de los Servicios de Apoyo de la Dirección de Justicia. También, muy especialmente, a la comprensión de las personas usuarias sin las cuales no hubiera sido posible responder con eficiencia y calidad durante estos meses a la prestación de los servicios declarados esenciales y a la tramitación de los asuntos urgentes e inaplazables.

Sabemos –indica la Sala de Gobierno - que entre los grupos señalados hay personas que se han infectado por coronavirus en el desempeño de sus deberes profesionales y queremos reconocer que la Administración de Justicia se ha beneficiado de su coraje cívico. Ahora nos toca a todos – concluye - contribuir con inteligencia y esfuerzo para afrontar los retos que necesitamos abordar con éxito con objeto de seguir avanzando en la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de las personas.