“Creo que podemos sentirnos orgullosos porque el derecho judicial producido en el País Vasco está contribuyendo de forma efectiva al reconocimiento de nuevos derechos que se integran operativamente en el sistema europeo de garantía de los derechos humanos”, ha manifestado Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco durante el acto de su toma de posesión que ha tenido lugar esta mañana en la sede del propio tribunal.

Precisamente, la meta de los objetivos que el presidente del TSJPV propuso al CGPJ para optar a la renovación del cargo era conseguir que la Administración de Justicia en el País Vasco sirviera de manera crecientemente efectiva a hacer realidad la inveterada aspiración humana de justicia.

Meta – dijo - que define el sentido de justicia en la Europa del Derecho comprometida en mantener la eficaz garantía del ejercicio de los derechos humanos y de las libertades públicas integrantes del patrimonio común de ideales y principios que definen el modelo económico y social europeo.

En esa Europa del Derecho – manifestó el presidente del TSJPV- el horizonte de la justicia efectiva deja de ser una quimera si nos acercamos a él, atendiendo cotidianamente a tres factores fuertemente vinculados: la constante mejora en la eficiencia organizativa de la Administración de Justicia; la tensión por una mayor calidad de la jurisdicción y de las resoluciones judiciales y la eficaz preservación de la posición de la independencia judicial en el sistema de poderes.

Respecto al primero de los temas, la satisfacción del derecho de las personas a una buena Administración de Justicia requiere – en palabras de Juan Luis Ibarra – de una cooperación leal y comprometida entre la organización del gobierno del Poder Judicial y los demás poderes públicos que tienen atribuidas competencias en un ámbito de imprecisos contornos.

Al llegar a este punto, el presidente del TSJPV puso de manifiesto que del mismo modo que la transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma permitió alcanzar un alto estándar en el establecimiento de sedes judiciales y en la dotación de infraestructuras de información y comunicación, la cooperación de los sucesivos gobiernos de la Comunidad Autónoma en el último quinquenio, ha permitido la implantación de un nuevo modelo de oficina judicial, ya operativo en doce de nuestros catorce partidos judiciales, que nos ha vuelto a situar a la cabeza de los Tribunales Superiores de Justicia en cuanto a la capacidad para acortar los tiempos de respuesta, singularmente en el tramo de ejecución de las resoluciones judiciales.

Aspiramos a mucho más –subrayó el presidente-  pero para conseguirlo debemos seguir persuadiendo a la sociedad y a sus gobernantes de que la eficiencia de la Administración de Justicia integra un sector institucional estratégico, tanto para la salud del Estado de Derecho como para la recuperación del desarrollo económico.