Con esta petición para hacer frente a las situaciones de desigualdad que – en cuanto a eficiencia – se están registrando en los distintos juzgados de la CAV, Juan Luis Ibarra ha puesto de manifiesto la problemática que está generando una plantilla escasa, con insuficiente presencia de órganos especializados y un diseño rígido de la planta judicial.

Nuestra plantilla –subrayó – está dimensionada al límite de las posibilidades de absorción de los asuntos que se le confían, con una ratio de 10,6 jueces por cada 100.000 habitantes, claramente inferior a la europea, de 15,4 jueces profesionales por cada 100.000 habitantes.

Si a esta plantilla escasa y con insuficiente presencia de órganos especializados, le añadimos – dijo - un diseño rígido de la planta judicial, que impide un ejercicio colegiado de la jurisdicción entre los titulares de los juzgados unipersonales y que encorseta la cooperación jurisdiccional en las fronteras de cada partido judicial, la consecuencia es que los buenos resultados estadísticos no se proyectan de una manera homogénea sobre el conjunto de los órganos y de los partidos judiciales de la Comunidad Autónoma.

No queremos – matizó - que los ciudadanos estén expuestos al azar de una justicia a distintas velocidades. Y los retrasos, donde los hay, tienen consecuencias negativas para la igualdad de quienes más necesitan la tutela, para la seguridad jurídica de todos y para el atractivo económico de una sociedad abierta al mundo.

En este sentido recordó como la Xª Legislatura de las Cortes Generales produjo una intensa actividad legislativa relacionada con la Administración de Justicia, pero desprovista de medios presupuestarios para su traslado a la realidad jurisdiccional cotidiana. Sin embargo – dijo - las dificultades cronificadas y las normas huecas de realidad, no nos hacen desistir del convencimiento de que es posible una Justicia ágil, eficaz y de mayor calidad.

Tenemos la confirmación de la viabilidad de proyectos realistas de reformas en profundidad de la Administración de Justicia. Lo comprobamos en el camino que estamos recorriendo en nuestra Comunidad Autónoma para la implantación de un modelo distinto de oficina judicial –ya en la última fase de su realización- sustentado en el desarrollo de servicios comunes. También, en los ya visibles avances en el programa de desarrollo del sistema de comunicación estrictamente electrónica, que constituye la antesala de un futuro expediente electrónico. Igualmente, en el ámbito de la infraestructura y los servicios requeridos para una justicia de menores, en el área de los equipos sicosociales y en la decidida apuesta por un modelo de mediación intrajudicial de calidad. Logros que ofreció como un ejemplo del éxito de la inteligencia cooperativa, a cuyos titulares dio las gracias públicamente.

En esta misma línea de compromiso, el presidente Ibarra señaló la preocupación y la dedicación de la Sala de Gobierno a las juezas y jueces más jóvenes que ejercen jurisdicción en el País Vasco sin ser titulares del órgano judicial en el que prestan servicios.

Me refiero –dijo –a nuestros diez Jueces de Adscripción Territorial y, también, a las otras diez juezas y al juez, que, a lo largo del último año, en la última fase de su formación en la Escuela Judicial o en la situación de expectativa de destino tras su ingreso en la carrera judicial, desarrollaron la función jurisdiccional en el País Vasco desempeñando las tareas de sustitución, apoyo o refuerzo.

No podemos olvidar – añadió - que las cuatro últimas promociones de nuestra judicatura, los más jóvenes, están soportando la drástica congelación en la creación de órganos judiciales que arrastramos ya cinco años. Por ello, ni hemos aceptado, ni vamos a permitir, que estos 520 jueces -341 mujeres y 179 hombres- que han ingresado en la carrera judicial desde el año 2012 permanezcan en la situación de déficit de derechos profesionales.

Necesitamos –manifestó- una participación más intensa de esta joven judicatura en la elaboración de un discurso emergente que, desde los fundamentos de la ética judicial y su compromiso con la realización de la Justicia, contribuya cada día a la consolidación de la legitimidad democrática del Poder Judicial, mediante una legitimación social reforzada por las buenas prácticas procesales.

Un discurso emergente de la judicatura del siglo XXI – concluyó - que, en definitiva, dote de sentido y de significado a esa articulación entre Derecho, Justicia y Sociedad que se condensa en la proposición constitucional que nos recuerda que “la Justicia emana del pueblo”.