Homenaje de la Universidad de Deusto a la memoria del expresidente del TSJPV Manuel María Zorrilla
Manuel Maria Zorrilla, catedrático de Derecho del Trabajo y magistrado, fue presidente de la Sala de lo Social y, desde 1995 hasta su jubilación en 2004, presidente también del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
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- Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, intervino ayer en el acto que organizó la Universidad de Deusto en memoria de Manuel Maria Zorrilla, catedrático de Derecho del Trabajo y magistrado que fue presidente de la Sala de lo Social y, desde 1995 hasta su jubilación en 2004, presidente también del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
El actual presidente del TSJPV centró su intervención en algunas de las reflexiones que expuso Manuel María Zorrilla como presidente del cargo que ahora él ostenta. En concreto, en cuatro temas que, transcurridos dieciocho años desde la finalización de su etapa como presidente del TSJPV, siguen formando parte de los debates públicos actuales: la acción de gobierno del poder judicial; las políticas públicas en la protección de los más vulnerables; la reinserción social de las personas condenadas a penas de prisión por la comisión de graves delitos y el valor público de la memoria en la macro victimización terrorista.
Respecto al primero de ellos, la acción de gobierno del Poder Judicial, el presidente del TSJPV quiso ilustrarlo citando una frase de D. Manuel María que decía “la paradoja o, si se quiere, la grandeza y servidumbre de la acción de gobierno judicial está en que no puede enmendar todas las anomalías dado que tiene que soportar las restricciones derivadas de la independencia judicial”. Al hilo de esta aportación, Iñaki Subijana subrayó que la tarea de gobierno tiene, por una parte, que poner en valor la independencia judicial, hacer del lenguaje institucional, desprendido de signos partidistas, la forma y manera de comunicarse con la sociedad y con el resto de los poderes, atender a las realidades sociales de cada momento, buscando promover y articular las alianzas colaborativas con el resto de las políticas públicas para una mejora de la calidad de las prestaciones que ofrece el Sistema de Justicia, agotar el esfuerzo de la reflexión para adoptar unas decisiones colegiadas ancladas en las mejores razones, evitando la inclinación al ejercicio autosuficiente de las competencias. Y, finalmente, debe conferir especial valor a la discreción y el sigilo de lo deliberado por respeto a la libertad y el refuerzo de la confianza de cuantos intervienen en las acciones de gobierno.
En cuanto a las políticas públicas para proteger a los más vulnerables, como otra de las preocupaciones del ex presidente Zorrilla, Iñaki Subijana citó su libro “Protección a la pretensión igualitaria en el ordenamiento jurídico internacional: De la Declaración Universal de Derechos Humanos a la Convención sobre los derechos de las personas discapacitadas” para volver a incidir – como ya expuso durante la apertura del año judicial - en la necesidad de abordar el reto de la mejora de la accesibilidad para cumplir la función vertebral que, constitucional y legalmente, tiene conferida la Justicia en un Estado social y democrático de Derecho, creando las condiciones para que el Sistema de Justicia sea de hecho accesible para todas las personas cualquiera que sea su condición personal o social. Este es el campo - subrayó - en el que tienen que fertilizar las políticas públicas que confieran una dimensión propia al Estado social en el ámbito del Sistema de Justicia. Su objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades de las personas para permitir el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos ante los Juzgados y Tribunales.
En relación con el objetivo de la reinserción social de la ejecución penitenciaria, Iñaki Subijana citó unas reflexiones del presidente Zorrilla en las que decía “El reduccionismo de la pena a su exclusivo fin expiacionista se encuentra en las antípodas del principio de humanización al que responde el moderno Derecho Penal (…), razón por la cual (…) de lo explicitado en el artículo 25.2 de la Constitución se colige un derecho fundamental del condenado a reinsertarse en la sociedad (…) para, a continuación, señalar que el reconocimiento de este estatuto jurídico del penado no conlleva la desprotección de las víctimas ni el debilitamiento de la convivencia social dado que la incorporación del penado al entramado comunitario, del que ha sido temporalmente apartado, precisa, cuando se produce en momentos previos al límite legal y judicial de cumplimiento de la pena, de una constatación clara de la neutralización del riesgo de revictimización. En esta verificación juega un papel vertebral – añadió - que el penado efectúe un reconocimiento explícito del daño injusto causado, se haga responsable del mismo, haciendo propio el hecho causante del mismo, y realice de forma efectiva todo lo posible para su reparación. Por ello, ausentes estos elementos, tal y como escribió el presidente Zorrilla “(…) El mecanismo de la reinserción no opera fatalmente ni, por supuesto, es dable en derecho si, pese a disponer el penado de los medios que lo facilitan, se empeña en demostrar su resistencia e inadaptabilidad para el rescate que la sociedad le está ofreciendo”.
Por último Iñaki Subijana ha señalado que a Manuel María Zorrilla le preocupaba el valor público de la memoria como acto de justicia en la macrovictimización terrorista. Así, reivindicó la importancia de la memoria pública en la exposición de la significación personal, social y político-institucional de las víctimas del terrorismo (como José María Lidón, su familia y, por extensión, los jueces y las jueces que impartíamos justicia en la fecha del fallecimiento del citado juez), que ayude a construir un presente-futuro dotado de unas notas ineluctables para la justicia victimal. Que no tenga como ingrediente- dijo el presidente del TSJPV- el olvido de lo sucedido sino un duelo social y político que neutralice la opción de actuar como si nada hubiera ocurrido; que impida el cierre de la página de ETA en el libro de nuestra historia sin la deslegitimación de su existencia; que confiera un valor singular a la aportación irremplazable de las miradas de las víctimas –que ven por nosotros/as lo que sólo ellas pueden ver- y que, finamente, permita, también, construir un relato que, entre otras cuestiones, reconozca la contribución generosa de las víctimas del terrorismo a todas/as y cada una/o de nosotras/as como integrantes de la sociedad democrática. Y citó de nuevo al presidente Zorrilla “La verdadera muerte no se halla en lo irrecuperable de su ausencia, sino en los riesgos de una desmemoria que imperceptiblemente aleja de las personas y las circunstancias que no nos resignamos a olvidar”.