El pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha aprobado la Memoria Judicial de 2023 que recoge entre otras cuestiones la evolución de los 10 objetivos fijados en 2021 para avanzar en la mejora del sistema judicial con especial incidencia en aspectos como las sedes y planta judicial, la protección de las víctimas de violencia de género y el acceso de las personas con discapacidad a la Justicia, entre otros.

La Memoria también incluye los principales indicadores estadísticos del ejercicio actualizados a mayo de 2024, una descripción de los órganos judiciales de la CAPV, necesidades de nuevas unidades judiciales y datos sobre la carrera judicial vasca y su estructura demográfica, entre otros.

Respecto a la evolución del plan de objetivos, el documento incluye lo hecho desde 2021 en los 10 ámbitos considerados prioritarios y una proyección para 2024.

El TSJPV ha puesto así el foco en el desarrollo de una Justicia organizada al servicio de una tutela judicial efectiva, un ámbito donde se ha incidido en la necesidad elaborar un plan de sedes judiciales que permita, entre otros objetivos, “solventar los problemas de congestión de los actuales edificios que se concentran, fundamentalmente, en las tres capitales” vascas.

En este epígrafe se recoge la elaboración este 2024 del mapa judicial de la CAPV sobre las necesidades de planta judicial para la adopción de las peticiones de creación de nuevas unidades judiciales, así como de las propuestas de medidas de apoyo a los órganos judiciales.

Este mapa, anunciado por el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, en la apertura del año judicial, se encuentra en estos momentos en elaboración y está vinculado con el informe, recientemente aprobado también por el pleno del Superior vasco, que estima prioritaria la creación en 2024 de un nuevo juzgado de Primera Instancia en Donostia-San Sebastián y otro de lo Social en Bilbao.

Esta propuesta ha sido ya remitida al Consejo General del Poder Judicial para su elevación al Gobierno central, quien finalmente será el encargado de determinar el número de nuevos juzgados a crear este ejercicio y los que le corresponden al País Vasco.

En el aspecto tecnológico, la Memoria recoge la finalización en 2023 del despliegue del sistema Avantius en toda la CAPV y propone seguir avanzando en la mejora del procedimiento judicial digital, con especial incidencia en el respeto a las garantías jurídicas en los juicios telemáticos y la neutralización de la brecha digital.

En materia de acceso a la Justicia de las personas con discapacidad, la Memoria recuerda la obligatoriedad de remover obstáculos que impidan o dificulten la accesibilidad de este colectivo e incide en el análisis periódico de la situación de los órganos judiciales con competencia en discapacidad para la adopción de las medidas previstas en la Ley 8/2021 que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a este colectivo.

Una justicia que proteja a las víctimas de violencia de género implica un espacio de acogida y acompañamiento, en cuyo seno se enmarca la adecuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (la última, en Bilbao, realizada el año 2023) a las exigencias contenidas en el Estatuto de la Víctima para garantizar espacios y accesos separados entre víctimas y victimarios. En este ámbito asimismo se propone para este año la interoperabilidad entre los sistemas Viogen Dos y Eba, del Ministerio de Interior y la Ertzaintza, para “garantizar la máxima protección de las víctimas de la violencia machista”.

El TSJPV también apuesta por una Justicia que incorpore la restauración y la mediación con diferentes planes formativos y de análisis, y por una Justicia acogedora para los menores. En esta materia, se ha llevado a cabo un reforzamiento de los equipos psicosociales judiciales para la práctica de la prueba preconstituida y se trabaja en la implantación del plan piloto del proyecto Barnahus en Álava.

En el apartado de colaboración entre la Justicia y el sector educativo vasco, el TSJPV continuará, entre otros, con el programa Educar en Justicia y el Prácticum en el Grado en Derecho y Criminología de la UPV/EHU para, en el primer caso, acercar al alumnado al sistema judicial y, en el segundo, aportar conocimientos específicos en la formación de las/los universitarios/as.

El TSJPV también se compromete a coadyuvar en el marco de sus competencias para que el desempeño de la actividad jurisdiccional sea compatible con las exigencias de la salud laboral y en trabajar por una Justicia que se imparte en una sociedad bilingüe.  Entre las propuestas en esta última materia se encuentra el estudio de la viabilidad de un proyecto piloto de juicios en euskera que está en elaboración.

El TSJPV subraya asimismo la importancia de una Justicia que procure la igualdad y propone realizar un diagnóstico entre los miembros de la carrera judicial adscritos al territorio para, si fuera necesario, poder plantear medidas correctoras.

Datos 2023

La Memoria recoge asimismo los principales indicadores estadísticos sobre la eficiencia en los juzgados y tribunales vascos en 2023 actualizados a mayo de 2024.

El pasado ejercicio el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales del País Vasco fue de 228.253, inferior en 4.243 a la cifra de entrada de 2022.

La tasa de litigiosidad en la CAPV (asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes) alcanzó el valor de 103,1 con una tendencia de descenso (-1,9%) respecto del año anterior. En España este indicador se situó en 145,6.

Sumando los cuatro órdenes jurisdiccionales (Civil, Penal, contencioso-Administrativo y Social) a 31 de diciembre de 2023 se habían resuelto un total de 207.799 asuntos en los tribunales vascos.

Siendo 228.253 el número de asuntos ingresados, la tasa de resolución en el País Vasco (cociente entre asuntos resueltos y los ingresados) se situó en 0,91 y disminuyó un 6,2 % con respecto a la alcanzada el año anterior.

La tasa de congestión fue de 1,64 y la de pendencia de 0,64, ambas superiores a las del ejercicio de 2022.

En Euskadi existen 14 partidos judiciales: 2 en Álava, 6 en Bizkaia y otros 6 en Gipuzkoa, y en 2023 había un total de 168 órganos judiciales, unipersonales y colegiados.

A 1 de enero de 2024 estaban en activo en la CAPV 224 jueces y juezas, 140 mujeres y 84 hombres, con una edad media de 51,1 años, y su número por cada 100.000 habitantes era de 10,1.

En el conjunto de España el número de jueces y juezas por cada 100.000 habitantes era de 11,3, con una horquilla que iba desde los 15,4 de Asturias a los 9 de Castilla-La Mancha.