La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy nombrar en comisión de servicio a dos magistradas para que refuercen la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava, tres de cuyos cuatro integrantes forman el tribunal que enjuicia el llamado “caso De Miguel”, cuyas sesiones se prolongarán previsiblemente hasta el próximo mes de octubre.

Las comisionadas son la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria-Gasteiz, Ana Jesús Zulueta Álvarez; y la titular del Juzgado de Menores de la capital alavesa, Sara Mallén Basterra. La primera desempeñará una comisión de servicio con relevación de funciones, mientras que Mallén compatibilizará su trabajo en el Juzgado con el refuerzo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

La tramitación de las comisiones de servicio, que cuentan con el informe favorable del Servicio de Inspección y la habilitación económica del Ministerio de Justicia, ha sido llevada a cabo por la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC) a petición de la presidenta de la Audiencia, Mercedes Guerrero, y de las Salas de Gobierno de este órgano judicial y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La medida se acuerda por un periodo de seis meses y se justifica por la celebración de la vista oral del conocido como “caso De Miguel”, en el que se enjuicia a 26 personas acusadas de delitos de corrupción como malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude de la contratación, falsedad en documento público y mercantil, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionario público, contra la Hacienda Pública y coacciones.

Durante el juicio oral serán llamados a declarar, además de los investigados, 113 testigos, 10 testigos-peritos y 19 peritos. El procedimiento cuenta con 25.602 folios repartidos en 96 tomos.

La presidenta de la Audiencia de Álava justificó la solicitud del refuerzo por “el volumen del pleito descrito, la duración de sus sesiones –diez meses previstos-, más la redacción de la resolución a partir de octubre de 2018, además del trabajo habitual de la Sala”.

“Para continuar con el enjuiciamiento del resto de las causas, tanto en instancia como en apelación, la Sección deberá quedar reforzada con otros dos magistrados. Con esta medida será posible que los miembros del tribunal que enjuicien la causa compleja puedan quedar exentos, al menos parcialmente, del conocimiento y enjuiciamiento del resto de los asuntos que habitualmente recibe la Sección”, señalaba Guerrero en su propuesta de medidas de refuerzo.

La UACC, cuya constitución y puesta en funcionamiento fue acordada por la Comisión Permanente del CGPJ el 10 de marzo de 2015, es una unidad de carácter técnico al servicio de los jueces y magistrados que tiene como finalidad detectar y evaluar los problemas que puedan existir en los órganos judiciales que lleven causas por corrupción y formular las propuestas necesarias para solucionarlos.