En un acto presidido por Iñaki Subijana y ante la Secretaria de Gobierno del TSJPV, Ascensión Roncero Linares, letrada de la Administración de Justicia del País Vasco, ha tomado posesión del cargo de Secretaria Coordinadora de Bizkaia, puesto que ejercerá durante los próximos cinco años. 

Durante el acto de toma de posesión, la Secretaria de Gobierno, Blanca Rosa Barbero, ha recordado a la nueva Secretaria Coordinadora de Bizkaia su papel esencial en el nuevo modelo organizativo, no solo como superior jerárquico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en la provincia respectiva, sino también como órgano de coordinación y colaboración entre las administraciones y poderes intervinientes en este ámbito: Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas, CGPJ, Fiscalía y demás operadores jurídicos. 

 En este sentido ha recordado que el Programa para la implantación del nuevo modelo organizativo del Servicio Público de Justicia ha incorporado al proceso de preparación, despliegue e implantación de los Tribunales de Instancia, oficina judicial y oficinas de justicia en el municipio, los principios de cogobernanza, trabajo compartido y colaborativo de todas las administraciones implicadas para solventar las dificultades y facilitar el tránsito al nuevo modelo. Ello – ha subrayado Blanca Rosa Barbero - sin olvidar que, desde un punto de vista tecnológico, el proceso de transformación está siendo vertiginoso. 

En esta línea, la recién nombrada Secretaria coordinadora de Bizkaia ha hecho referencia a estos cambios, especialmente a la implantación del sistema de gestión procesal Avantius de cuyo Comité de Implantación forma parte y que sustituye a los actuales sistemas de gestión JUSTIZIABAT, JUSTIZIASIP Y JUSTIZIAIKUS. 

Por último, el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana ha cerrado el acto centrando también su intervención en la importancia de la actuación colaborativa en temas como la digitalización de la justicia, la organización de la oficina judicial en términos de eficacia y efectividad así como en la adecuación de los edificios judiciales a las necesidades de acompañamiento y protección de las víctimas de violencia de género.