“El objetivo de una Administración de Justicia que opere como un instrumento de tutela efectivo y eficiente se presenta, hoy, seriamente obstaculizado por los impactos del programa de reformas estructurales, de medidas de reducción presupuestaria y del gasto social, así como de recorte en el ejercicio de los derechos sociales y de las garantías jurisdiccionales” ha manifestado Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, durante la recepción de apertura del Año Judicial 2014-15, celebrada hoy en Bilbao.

A partir de esta situación de dificultades presupuestarias y transformaciones estructurales del modelo social, la Sala de Gobierno del TSJPV se ha comprometido en boca de su presidente a promover cuatro guías de actuación, dos referidas a la judicatura y otras dos atinentes a la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia en esta Comunidad Autónoma.

La primera pauta la ha enunciado Juan Luis Ibarra como la conveniencia de que, en el ejercicio de la jurisdicción, no se confunda la efímera realidad del “ahora” con la más importante responsabilidad de los jueces con el “presente” de la administración de Justicia, en su dimensión histórica.

La segunda pauta de la práctica judicial se refiere a la promoción de la “Europa del Derecho” como marco para la obtención de respuestas justas a los conflictos jurídicos cuyo enjuiciamiento se confía a los jueces.

La Unión Europea se sustenta y se identifica – dijo el presidente - como un conjunto de normas de derecho comunitario cuya aplicación por un sistema coral de jurisdicciones está desarrollando un importante papel de límite y contrapeso a la dinámica de reducción del modelo social y de obstáculo al ejercicio de los derechos que definen la ciudadanía europea.

La aplicación judicial, directa y prevalente, del derecho comunitario y de la Carta Europea de Derechos fundamentales y libertades públicas está dando como resultado un sistema jurídico europeo fundado en un constitucionalismo multinivel y alimentado por la decidida actuación de un abigarrado coro de órganos jurisdiccionales.

Como vino a decir recientemente el presidente del Supremo y del CGPG, Carlos Lesmes, “Lo más destacado y estimulante es que esta actuación de nuestros jueces, está contribuyendo de forma efectiva al reconocimiento de nuevos derechos que se integran operativamente en el sistema europeo de garantía de los derechos humanos. Esos nuevos derechos están ampliando el marco de nuestras libertades cívicas”.

Como prueba de ello, el presidente del TSJ se refirió al alumbramiento de nuevas garantías del derecho de defensa mediante la aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en los procesos de desahucio dimanantes del impago de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda familiar en situación de sobreendeudamiento de buena fe y, por último, también, a los conflictos sobre restitución en la adquisición de aportaciones financieras subordinadas o preferentes, en los que la interpretación judicial está consolidando la aplicación al inversor no profesional del derecho a una información rigurosa y eficaz sobre riesgos en la inversión establecidas en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

También constató Juan Luis Ibarra que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las garantías de la Carta Europea y los principios del Título IX del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como la Decisión del Consejo 2010/707/UE, están operando en nuestra práctica judicial como eficaz medida de contraste en la tutela efectiva de los derechos sociales de base constitucional y en el control de validez sobre el ejercicio de las nuevas atribuciones conferidas a los empresarios por el Real Decreto-Ley 3/2012.

Soy consciente –dijo- de que esta contribución judicial a la creación de nuevos derechos resulta insuficiente para remediar la brecha de creciente desigualdad social producida desde el naciente nuevo orden económico. Es rigurosamente cierto que los nuevos derechos del estatuto europeo de ciudadanía se integran en un pacto social del que están siendo inexorablemente excluidas las personas castigadas por la precariedad jurídica y el empobrecimiento económico. Ciudadanos y ciudadanas, en gran medida jóvenes, a quienes se impide o dificulta la aproximación a la Justicia mediante la imposición de tasas y costas desproporcionadas no compensadas mediante un sustancial incremento de las prestaciones del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

El tercer compromiso, ya en relación con el funcionamiento de la Administración de Justicia, tiene que ver con el desarrollo de una inteligencia cooperativa entre Administraciones y entre profesionales para mantener y dotar de un mayor impulso, en el País Vasco, al proyecto de modernización de la Administración de Justicia. En este sentido, la “nueva oficina judicial” está siendo el factor dinamizador en la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia. Sin embargo – añadió – la informática judicial del País Vasco, que fue durante muchos años la punta de lanza del programa de modernización, se ha convertido en el problema de mayor gravedad en relación con la implantación de las nuevas oficias judiciales.

Finalmente, Juan Luis Ibarra expuso un compromiso de proyección de esta inteligencia cooperativa en el ámbito de la jurisdicción penal para la mejora en la coordinación con los servicios de policía judicial. Se trata del proyecto que permitirá el establecimiento en el próximo año de tres oficinas provinciales para el cumplimiento de las obligaciones de presentación y comparecencia impuestas a personas imputadas o condenadas en procesos penales.

El presidente del TSJPV concluyó su intervención solicitando que la de Bilbao lleve el nombre de Iñaki Azkuna.