“La historia de las democracias en Europa nos enseña que el Estado constitucional de Derecho no resiste el incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional y de los tribunales de justicia ni el menosprecio a las instituciones garantizadoras del principio de paz jurídica” ha manifestado Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco durante la recepción de Apertura del Año Judicial 2017-18 celebrada hoy en Bilbao.

De forma que, si la judicatura en Cataluña fuera menoscabada o impedida en el desempeño de la potestad jurisdiccional, la crisis constitucional – añadió - se saldaría con la apertura de un espacio en el corazón del Estado de Derecho que, de inmediato, se vería ocupado de nuevo por la arbitrariedad propia de las dictaduras.

Durante su intervención, Juan Luis Ibarra recordó que la Constitución de 1978 instituyó una forma de Estado y de Gobierno al que conocemos como Estado de las Autonomías.

Con él se inauguró también- dijo - una forma de identidad colectiva constitucional y estatutaria basada en el principio de ciudadanía en igualdad que permitió que las personas de nacionalidad española dejáramos de ser súbditos para llegar a ser ciudadanos. Y es esta identidad cívica colectiva la que nos legitima y nos equipara a todas las personas en el derecho a la igualdad ante la ley, en la ley y en la aplicación de la ley.

Es, también, esa identidad cívica – subrayó - la que nos vincula en el compromiso de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y la que nos protege, sin ilícitas acepciones, en el ejercicio de los derechos humanos sobre los que se funda nuestro orden político.

Centrándose ya en la Memoria Judicial correspondiente a 2016, el presidente del TSJPV puso de relieve que el funcionamiento de la Administración de Justicia en el País Vasco se mantiene en unos más que aceptables resultados de eficiencia.

Así, en relación con el conjunto de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia los órganos judiciales del País Vasco se encuentran en el tramo de cabeza en cuanto a una mejor tasa de resolución (1,02 sobre una media de 1,00), menor tasa de pendencia (0,33 frente a 0,37 de media), menor tasa de congestión (1,31 respecto a 1,40), mayor tasa de ejecución de sentencias (1,03) y menor tasa de litigiosidad (86,9 asuntos ingresados por cada 1000 habitantes frente a 124,9 de media en España). Paralelamente, ha continuado aumentando el porcentaje de cobertura de la plantilla judicial y la estabilidad de sus titulares. Hoy, puede decirse que los destinos judiciales en el País Vasco mantienen una sólida atracción.

En el otro lado de la balanza, el presidente del TSJPV puso de manifiesto que tampoco durante el pasado año judicial se han abordado los consensos políticos e institucionales necesarios para alcanzar un nuevo Pacto de Estado que enderece a la Administración de Justicia por el camino de la decidida modernización de la organización judicial que demanda nuestra sociedad.

Al llegar a este punto, el presidente puso de manifiesto como en el último trimestre, las Juntas de Jueces y las Juntas Generales de magistradas y magistrados de los catorce partidos judiciales del País Vasco, han manifestado, de manera unánime, su adhesión al documento “Propuestas para la mejora de la Justicia” suscrito el 16 de junio de 2017 por las cuatro asociaciones judiciales y que define los tres objetivos centrales para hacer avanzar nuestro sistema de Justicia:

a- El refuerzo en la eficacia de las garantías estructurales de la independencia judicial, referidas al sistema de integración y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, a la preservación de los principios de capacidad y mérito en los procedimientos de selección para altos cargos judiciales y a la salvaguardia en situaciones de injerencia, interferencia o presión.

b- Un más efectivo esfuerzo inversor que obtenga un incremento cuatrianual de 1.000 plazas en la plantilla judicial así como la aportación por las Administraciones prestacionales – Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas – de los medios presupuestarios que permitan racionalizar la planta y la organización de la Administración de Justicia en orden a una mejora sustancial en la eficiencia y en la calidad del sistema judicial. Y

c- Un impulso normativo mucho más decidido dirigido a la mejora de las condiciones profesionales en el ejercicio de la jurisdicción y a una más completa protección social de la carrera judicial.

Debo subrayar –añadió el presidente - el alineamiento de estos objetivos con la mantenida decisión del Consejo de la Unión Europea por la que, ya desde el año 2011, se incluyen las reformas de los sistemas de justicia como un componente estructural de los programas de ajuste económico de los Estados miembros; a la vez que el buen funcionamiento de los sistemas de justicia se declara como uno de los tres pilares del enfoque integrado de la política económica y social de la Unión Europea.

En el inicio de este curso judicial 2017/2018 –concluyó el presidente -asumimos plenamente que el reto por consolidar las salvaguardias de la independencia del Poder Judicial, por mejorar la calidad de las prestaciones judiciales y por aumentar la eficiencia de nuestra Administración de Justicia habrá de operar como piedra de toque de nuestra contribución al mantenimiento de la confianza ciudadana en la vigencia y en el pleno ejercicio del Estado constitucional de Derecho.