“Modernizar la Administración de Justicia define una opción estratégica para el desarrollo de un Estado constitucional del siglo XXI”

“Invertir en justicia es invertir en el desarrollo económico y en el sistema social en su conjunto”

Autor
Comunicación Poder Judicial
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, en la Apertura del año Judicial
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, en la Apertura del año Judicial

“El diagnóstico general sobre la situación de la Justicia en España ha mantenido prácticamente inalterados sus titulares desde el Pacto de Estado de 28 de mayo de 2001: la reforma integral del sistema de justicia constituye un objetivo crucial e inaplazable” ha manifestado Juan Luis Ibarra, presidente del TSJPV durante su intervención en la Apertura del año Judicial celebrada hoy en Bilbao.

Es cierto que aquel Pacto de Estado de 2001 permitió desarrollar indudables fortalezas -como la que se refiere a la accesibilidad y transparencia de la actividad judicial -  de las que hoy seguimos disfrutando pero, los déficits e ineficiencias que lastran estructuralmente nuestra Administración de Justicia no nos permiten – ha manifestado - elevar estas actuaciones a la categoría de paradigma respecto de lo que cotidianamente ocurre en nuestros órganos judiciales.

Al llegar a este punto, Juan Luis Ibarra ha subrayado que, sin embargo, desde hace décadas se mantienen identificados los ejes sobre los que debieran proyectarse esas ansiadas reformas estructurales cuyo objetivo es “obtener una mirada legitimadora de las personas que nos recaban una tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos; una mirada que desde la actitud y el esfuerzo cotidiano por atender y entender intensifique la confianza de la sociedad en sus jueces”.

El segundo gran eje se refiere a la consolidación de una jurisdicción plenamente homologada en eficiencia y calidad con el sistema judicial de la Unión Europea que se asiente sobre la piedra angular de una eficaz garantía de la independencia judicial.

Un tercer eje gira en torno al decidido impulso de incremento presupuestario, de cambios organizativos y de innovación tecnológica de los que resulte una Administración de Justicia que pueda reconocerse y ser reconocida como un servicio público de excelencia.

Y restaría, al menos, un eje transversal respecto de los anteriores – dijo - para subrayar la crucial importancia del acuerdo de voluntades interinstitucional y social. Un acuerdo institucional que dé a la reforma integral de la Justicia el carácter de un pacto para la acción sostenida del Estado y de las doce Comunidades Autónomas con competencias transferidas, con independencia de la fuerza o fuerzas políticas que en cada momento sostengan parlamentariamente a cada Gobierno. Y un acuerdo social que concite la participación en el empeño de la totalidad de los profesionales que servimos a la Administración de Justicia.

Identificadas las líneas estratégicas, el presidente del TSJPV ha manifestado su voluntad de promover el avance en torno a esos ejes de referencia comprometiéndose en la realización de cuatro objetivos con incidencia estructural sobre el funcionamiento del sistema de justicia: la mejora de aquellas prácticas que  contribuyen a aumentar la  confianza de la sociedad en sus jueces; Continuar reforzando decididamente la dimensión de la independencia judicial como derecho de la ciudadanía; Participar activamente en el desarrollo de una justicia digital tecnológicamente avanzada y de una jurisdicción eficiente y de calidad que nos permitan reconocernos como socios competitivos en el sistema judicial de la Unión Europea y promover el acuerdo interinstitucional de voluntades y los compromisos profesionales necesarios para situar a  la Administración de Justicia en el País Vasco en la categoría de los servicios públicos de excelencia.

En cuanto al primer objetivo, el avance de la confianza de la sociedad en sus jueces requiere de una judicatura que dirija el proceso con plenas garantías de defensa y que dispense una tutela especialmente cuidadosa a las personas más débiles y vulnerables. Podemos y debemos incrementar la confianza en la Justicia – manifestó Juan Luis Ibarra - comprometiéndonos a que cada jueza o juez del caso, con su honestidad y rigor ético, evite generar dudas sobre su posición de imparcialidad; esforzándonos en que en nuestras resoluciones se haga visible no solo la competencia jurídica sino, también, una justificación motivada y dotada de fuerza convincente sobre cómo hemos llegado a la solución justa sobre el conflicto cuya resolución se nos confía.

También en este año judicial 2019/2020 podemos y debemos contribuir a reforzar la percepción social sobre la independencia judicial en su dimensión de derecho de la ciudadanía. Me refiero -  subrayó Juan Luis Ibarra - a esa percepción que excluye toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad y neutralidad de los órganos judiciales. La creciente sujeción a enjuiciamiento judicial de los conflictos en los que se dilucidan cuestiones que se presentan como centrales en la vida social, económica y política está permitiendo comprender que el derecho de quienes litigan a un juez independiente es la piedra angular de nuestros sistemas de justicia. Y, también, que su preservación se erige una salvaguarda esencial para de los Estados de Derecho. Por esa razón – añadió -  la necesidad de independencia de los órganos judiciales forma parte de la carta de los derechos de los ciudadanos en el Estado constitucional democrático.

Al llegar a este punto, Juan Luis Ibarra puso de manifiesto que “no está en la mano de los jueces que cada día ejercemos jurisdicción en los juzgados y tribunales el configurar el gobierno del poder judicial ni el decidir sobre la provisión de cargos judiciales de libre designación, por señalar dos lugares en donde nuestra sociedad advierte sombras de riesgo para la independencia judicial”. Pero sí está a nuestro alcance – dijo - el reclamar colectivamente las modificaciones legales, y la intensificación de las medidas de las garantías procedimentales y de transparencia que redunden en beneficio de la independencia judicial como derecho de los ciudadanos.

Respecto al tercer eje, avanzar en el objetivo de un espacio común europeo de justicia plenamente operativo requiere de los Estados miembros que aborden las reformas estructurales y organizativas que permitan homogeneizar los estándares de eficacia y de calidad de los sistemas de justicia de los 28 países que integran la Unión Europea. Y necesita también – subrayó - que los jueces y las demás profesiones del foro asuman plenamente su condición de operadores jurídicos europeos.

Desde el año 2013, la Comisión Europea publica el Cuadro de indicadores de la Justicia en la Unión. En él se nos recuerda que la mejora de la calidad y el aumento de la eficiencia de los sistemas judiciales así como el desarrollo de las garantías de la independencia judicial definen una prioridad estratégica para la coordinación de las políticas económicas. Esta publicación nos ofrece, también, los resultados comparativos que permiten decidir sobre la eficacia de las reformas de los sistemas de justicia de los Estados miembros y la relevancia de las pendientes.

Por eso, en cuanto a la eficiencia sabemos de la obsolescencia de nuestro mapa judicial aún anclado en el diseño de partidos judiciales establecido en 1868 y en la insuficiente especialización y colegiación de los órganos judiciales, todo ello con una gravosa afección en la duración de los procesos.

Y en cuanto a la calidad del sistema judicial, muy singularmente, en la inadecuación del número de plazas –estamos en el puesto 22 de los 28 Estados de la UE en cuanto al número de jueces por cada 100.000 habitantes- en la insuficiencia de los recursos materiales y en el retraso inexplicable en el establecimiento de una justicia digital. Esto deja al Reino de España en el duodécimo puesto en gasto por habitante dedicado a la Administración de Justicia.

En este curso podemos y debemos reclamar el desarrollo de esos factores de calidad en la jurisdicción que nos sitúe como socios competitivos en el sistema judicial de la Unión Europea.

El presidente del TSJPV finalizó su intervención destacando las dos iniciativas con las que se ha abordado este año judicial y que van dirigidas a promover el acuerdo interinstitucional de voluntades y el establecimiento de los compromisos profesionales e institucionales necesarios para situar a  la Administración de Justicia en el País Vasco en la categoría de los servicios públicos de excelencia.

La primera de las iniciativas, en este momento en fase de tramitación y aprobación, tiene por objeto – dijo - la creación de un órgano de colaboración, encuentro y participación en la determinación y el alcance de objetivos comunes entre el Departamento de Justicia, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, la representación del Ministerio Fiscal y el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en el País Vasco.

El objeto del nuevo órgano es facilitar la participación colaborativa de las cuatro instituciones en el ejercicio de las competencias de planificación y evaluación de resultados en materia de personal, medios materiales, infraestructura digital y recursos económicos. Pudiendo llevar a cabo la determinación y el alcance de objetivos comunes y las subsiguientes propuestas de planificación, implementación y coordinación de actuaciones.

La creación de esta plataforma  - subrayó - facilitaría la viabilidad y el acierto en el desarrollo de una segunda iniciativa que ya ha dado sus primeros pasos en las últimas semanas. Me refiero a las sesiones de reflexión y debate convocadas por el Departamento de Justicia con la finalidad de establecer participativamente las bases consensuadas de un futuro Plan Estratégico para la gestión y ejecución de las políticas públicas sobre la Administración de Justicia en Euskadi.

La adopción de un instrumento de gobernanza y gestión elaborado participativamente y coordinado por el Departamento de Justicia nos permitiría desarrollar – concluyó -  una visión más allá del horizonte temporal de la legislatura, en la que situar los retos a los que se enfrenta la Justicia en el siglo XXI, definir los objetivos y ejes estratégicos para la mejora de la eficiencia y la calidad, así como establecer los recursos económicos y compromisos presupuestarios dirigidos situar a la Administración de Justicia en el País Vasco en la condición de un servicio público de excelencia en beneficio de las personas titulares del derecho a la tutela judicial.

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, en la Apertura del año Judicial

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El presidente abogó por la consolidación de una jurisdicción plenamente homologada en eficiencia y calidad con el sistema judicial de la Unión Europea

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