El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Julián Huarte, ha destacado en que la reforma puesta en marcha sobre el nuevo sistema de organización judicial, que ha supuesto una revolución en los órganos judiciales, ha sufrido en los primeros meses “un cierto freno a su implementación” que “poco a poco ha ido desapareciendo”. 

En su discurso en el acto de apertura del año judicial en la Comunidad foral, Huarte ha explicado que se ha pasado de una administración de justicia asentada en un sistema decimonónico, compartimentada en juzgados, a la instauración de servicios comunes de tramitación y ejecución, que ha supuesto una “revolución” de la organización de la oficina judicial. 

“Todo cambio o modificación en un organigrama o estructura de trabajo en el que confluyen distintas personas y funcionalidades, siempre suele conllevar, en un primer momento, un cierto freno a su implementación, y la administración de justicia en general y en esta comunidad particularmente, no ha sido ajena a ello”, ha reconocido el presidente del Tribunal Superior. 

No obstante, Huarte ha realzado que dicha ralentización “poco a poco ha ido desapareciendo” y va permitiendo que la instauración de los Tribunales de Instancia de esta Comunidad Foral de Navarra pueda “llegar a ser una realidad” y que el diseño del Tribunal de Instancia y la nueva oficina judicial, que presta apoyo a la misma, “haya ido tomando, si bien de manera más lenta de la esperada, carta de naturaleza”. 

Este tránsito, ha agregado, no ha terminado, y se debe continuar en el avance de su definitiva implementación, “a fin de que se cumpla la finalidad de agilidad, eficacia, eficiencia y racionalización, bajo los criterios de responsabilidad, coordinación y cooperación”, para que los ciudadanos obtengan “un servicio cercano y de calidad”. 

“Por un lado, nos encontramos obligados a su implementación al estar en presencia de una ley, que por obvio es de obligado cumplimiento; y, por otro, como servidores públicos hemos asumido un compromiso profesional que nos obliga a aportar todo nuestro conocimiento para que la materialización de la oficina judicial sea efectiva realmente y la ciudadanía navarra perciba un avance en el servicio que prestamos”, ha apostillado. 

Para poder dar una respuesta lo más eficaz posible, se constituyó en el año 2025 una comisión mixta entre el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra, para analizar y proyectar una debida materialización de los tribunales de instancia mediante la creación, a su vez, de distintas comisiones o grupos de trabajo específicos, que se han reunido regularmente. 

“Quiero agradecer aquí la colaboración que en dichos grupos han realizado quienes integran la Carrera Judicial, el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, los cuerpos generales de la administración de Justicia (gestión, tramitación y auxilio), y la Fiscalía, cuya implicación y dedicación debe ser reconocida, como así de la Dirección General de Justicia y del personal de sus distintos negociados”, ha subrayado. 

En su intervención, Julián Huarte ha advertido de que los órganos jurisdiccionales de Navarra, sobre todo civiles, mercantiles y de lo social, alcanzan unos registros “por encima de lo que debiera considerarse asumible”, todos ellos superando ampliamente la carga de trabajo establecida, que ha generado una saturación en dichos órganos, con el inevitable perjuicio producido al ciudadano, y que debería paliarse mediante el incremento de plazas judiciales. 

Respecto a la creación de órganos y plazas, el presidente del TSJN ha recordado que el próximo 31 de diciembre entrarán en funcionamiento cuatro jueces más: uno en la Sala de lo Social del TSJN —que por fin se completará y contará con tres magistrados—, dos en la nueva Sección Cuarta de la Audiencia Provincial —un magistrado y su presidente—, y la tercera plaza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aoiz. 

El 1 de junio de 2027, por su parte, entrarán en vigor las dos plazas restantes adjudicadas a Navarra, ambas en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Pamplona. 

El TSJN reclama 7 jueces más 

Pero, a pesar de este refuerzo, Huarte ha incidido en que los tribunales navarros precisan de más jueces. Así, ha agregado, la Sala de Gobierno del TSJN acordó el pasado marzo solicitar las siguientes plazas:

• Una plaza de magistrado en la Sección Civil de la Audiencia.
• Un juez más para Aoiz y otro más para Tudela.
• Seis jueces más para los tribunales de instancia de Pamplona: uno para Civil, dos para Penal, dos para Social y uno para Violencia sobre la Mujer.

Asimismo, el presidente del Tribunal Superior ha puesto de manifiesto la eventualidad de la plantilla de funcionarios, que es “muy elevada”, un problema que se ve agravado con la “movilidad” de la misma. 

“La incorporación a órganos judiciales de personal interino carente de experiencia y de los mínimos conocimientos técnico-procesales, ponen en una situación complicada, por no decir desesperada, a los órganos judiciales afectados, que ya soportan una importante carga de trabajo, debiendo buscarse fórmulas que minimicen dicha situación”, ha remarcado. 

Este problema, según Huarte, cobra especial intensidad en algunos órganos en los que prácticamente la totalidad de la plantilla tiene la condición de interina, así sucede con los partidos judiciales de Aoiz, Estella y Tafalla. “Ni que decir tiene que con ello no se pretende responsabilizar a tales funcionarios interinos de los problemas que pudieran existir, antes, al contrario, no se puede dejar de significar la dedicación y profesionalidad con la que aquellos trabajan diariamente. Es la falta de estabilidad de las plantillas, la continua movilidad, la que origina importantes disfunciones”, ha sostenido. 

En su discurso, el presidente del Tribunal Superior se ha referido, un año más, al nuevo edificio judicial contemplado, debido a que el actual se encuentra ya “agotado” y “colapsado”, sobre todo en su configuración. 

“Es por ello que traslado desde este acto a la Comunidad Foral de Navarra, esta necesidad que debemos considerar todos urgente, y que debe llevar a incorporar en esta anualidad las correspondientes partidas presupuestarias que permitan afrontar ya el diseño y proyecto del nuevo edificio, para atender las debidas necesidades de la Administración de Justicia en Navarra, con visión de futuro”, ha constatado. 

En relación con el programa informático de gestión procesal Avantius, según ha relatado Huarte, se han producido diversas disfunciones, “algunas relevantes”, y que han dificultado avanzar en la implementación de la nueva oficina judicial, sobre todo en Pamplona, dada la envergadura de algunos servicios, y que ha habido que ir afrontando con ocasión de su implementación. 

“Debe destacarse también que ha habido un retraso en la implantación de la nueva versión de Avantius en las tres Salas del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de la Audiencia Provincial, y de las plazas de Vigilancia y Menores que por diferentes cuestiones se ha pospuesto y que debe solventarse a la mayor brevedad”, ha reclamado. 

El presidente del Tribunal Superior ha concluido su intervención con una defensa de los jueces y magistrados: “La legitimación del poder judicial es clara, ya que surge de la propia Constitución, y esencial al poder judicial es la independencia judicial, que es un requisito fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos, independencia que debe ser respetada por quienes están al frente las instituciones”. 

Pero esta referencia a la necesidad de medios materiales, ha apostillado Huarte, no puede acabar o agotarse en el seno solo de la propia Administración de Justicia, pues para la propia efectividad de muchas de las resoluciones judiciales que se dictan se precisan recursos administrativos. 

“Así, en el ámbito penal se necesitan recursos asistenciales, entre ellos los socio sanitarios, en aspectos tan esenciales como son la existencia de centros que permitan cumplir las medidas de seguridad, tanto privativas de libertad como no privativas, que sin los adecuados recursos impedirán cumplir con la finalidad de las mismas, la prevención en la comisión de nuevos delitos; y si bien ha existido un importante avance, siguen existiendo disfunciones en relación con un centro donde poder dar cumplimiento a las medidas de seguridad privativas de libertad, ha expresado”. 

El presidente del Tribunal Superior ha concluido su intervención con una defensa de los jueces y magistrados: “La legitimación del poder judicial es clara, ya que surge de la propia Constitución, y esencial al poder judicial es la independencia judicial, que es un requisito fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos, independencia que debe ser respetada por quienes están al frente de todas las instituciones”. 

Al acto, en el que también ha intervenido el fiscal superior de Navarra, Jaime Goyena, han acudido diversas autoridades, entre otras, los vocales del CGPJ delegados para Navarra, Esther Erice y José Carlos Orga; el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde; la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría; el vicepresidente 1º, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inmaculada Jurío.