La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Tudela ha decretado hoy el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido a finales de marzo en Francia como supuesto autor de tres crímenes perpetrados en Tudela y Ribaforada (Navarra) y en la provincia de Lleida entre el 22 de noviembre de 2023 y el 5 de enero de 2024. 

En concreto, la jueza ha dictado hoy el encarcelamiento por el asesinato cometido el 22 de noviembre de 2023 en Tudela. El pasado 25 de abril, la magistrada ya había decretado la misma medida cautelar respecto del crimen perpetrado el 21 de diciembre del citado año en Ribaforada. 

La juez imputa al encausado, que se ha acogido a su derecho a no declarar, un delito de asesinato. 

En la comparecencia celebrada hoy, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión provisional sin fianza del imputado, una petición a la que se ha adherido la acusación particular. La defensa, por su parte, se ha opuesto a la adopción de dicha medida cautelar. 

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la juez relata que de la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional se deduce que existen “serios y notables indicios objetivos” de que el encausado fue el autor de la muerte del agricultor. 

El cuerpo de la víctima, según consta la resolución judicial, presentaba múltiples heridas incisas de distinta consideración y alcance, ocasionadas con un instrumento cortante y localizadas en distintas partes del cuerpo. Se recogieron por parte de la Policía Nacional vestigios biológicos en la escena del crimen que fueron objeto de estudio, de los que se obtuvo un perfil genético distinto al de la víctima. 

Tras las investigaciones realizadas en torno a los otros dos homicidios, se obtuvo el material genético del investigado. En concreto, el perfil conseguido se logró del frotis de restos celulares de la parte posterior de la zona cercana al cuello derecho de la cazadora de la víctima. 

Los indicios de criminalidad, según indica la juez en la resolución, se desprenden del atestado de la Policía Nacional, de las inspecciones oculares, testificales, pruebas de ADN, medidas de geolocalización y comprobación de repetidores. 

La juez decreta el ingreso en prisión debido a la elevada pena a la que podría ser condenado —entre 15 y 25 años por cada asesinato—, el alto riesgo de fuga por este motivo, así como para evitar la reiteración delictiva.