El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha apuntado hoy, en el acto de apertura del año judicial en la Comunidad foral, que, tras la instalación del nuevo juzgado de Familia creado, que se va a ubicar en la segunda planta, el Palacio de Justicia de Pamplona “ya no da más de sí”, por lo que, a su juicio, ha llegado el momento “ir pensando en buscar nuevos espacios” para los futuros órganos judiciales con el fin de “evitar costosas externalizaciones” e, incluso, de que retornen servicios como el Registro Civil.

Al acto de apertura del año judicial, en el que también ha intervenido el fiscal superior de la Comunidad foral, José Antonio Sánchez, han acudido diversas autoridades, entre otras, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el presidente del Parlamento, Unai Hualde; el delegado del Gobierno, José Luis Arasti; el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior y Justicia, Javier Remírez; el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos; y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

En su intervención, Galve ha señalado que los juzgados y tribunales navarros, ostentan el primer puesto en cuanto a las tasas de resolución, de pendencia y de congestión de asuntos. Así se desprende del informe “La Justicia dato a dato”, elaborado por el CGPJ en relación al año 2018.

“La tasa de resolución es el cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados en un determinado periodo, por lo tanto, lo fundamental sería llegar a 1, es decir, resolver el mismo número de asuntos que los que entran, siendo Navarra el único TSJ en el que esto se ha conseguido, seguido de La Rioja y País Vasco”, ha explicado Galve.

“Por su parte, la tasa de pendencia es el cociente entre los asuntos pendientes al final de un periodo y los resueltos en ese periodo, en este caso, en el podio nos acompaña Asturias y Aragón. Finalmente, la tasa de congestión se obtiene sumando los asuntos pendientes al inicio de un periodo más los registrados en ese periodo, dividiendo el resultado por los asuntos resueltos en ese tiempo, y también en este caso son Asturias y Aragón quienes nos siguen”, ha concluido el presidente del TSJN.

Este dossier comparativo, ha destacado Galve, recoge un aspecto muy importante, en el que también los órganos jurisdiccionales navarros están entre los primeros puestos en España, como es el relativo al porcentaje de juicios celebrados respecto de los señalados, "algo que es de vital importancia y afecta a la calidad y celeridad de la Justicia", ha remarcado.

Navarra, en cambio, tiene el segundo menor índice de España de jueces por cada 100.000 habitantes (10,7), solo por encima de Castilla La Mancha (10), lejos de comunidades uniprovinciales similares como Asturias (15,1) o Cantabria (13,6), ha realzado Galve.

De igual forma, en el lado positivo, ha agregado, la Comunidad foral presenta la segunda tasa de litigiosidad más baja de España, con 93,9 pleitos por cada 1.000 habitantes, cuando Canarias tiene 167,5 o Andalucía 145. “Por tanto, es evidente que circunstancias como esta, la litigiosidad de un territorio, influye de forma importante en el funcionamiento de la Administración de Justicia”, ha razonado.

Descenso del 9% en los desahucios

En su intervención, el presidente del Tribunal Superior ha glosado algunos datos estadísticos del primer semestre de este año. Así, ha destacado que los asuntos relativos a los juzgados de Familia ¬(divorcios y separaciones) han aumentado un 13% en el partido judicial de Pamplona y, en cambio, han descendido un 4% en el resto de demarcaciones: Tudela, Tafalla, Estella y Aoiz.

El próximo 30 de noviembre, precisamente, entrará en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Pamplona, creado por el Ministerio de Justicia y el CGPJ, que se especializará en Familia.

En los seis primeros meses del año los desahucios y lanzamientos han descendido un 9,4%, ya que han pasado de 202 a 183, de los que 25 tuvieron su origen en ejecuciones hipotecarias y 151 fueron como consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Magistrados para la Sala de lo Social y la Sección 3ª de la Audiencia

En el capítulo de necesidades de plantilla, en la Memoria elaborada el presente año, correspondiente a 2018, se solicitó la creación de las siguientes plazas judiciales: la tercera plaza de Magistrado para la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, un tercer Juzgado de Familia en Pamplona, la sexta plaza de Magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial (civil), y un Juez de Adscripción Territorial. De las peticiones del ejercicio pasado fue únicamente aceptada por el Ministerio de Justicia la del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Pamplona, que entrará en funcionamiento el próximo 30 de noviembre y que, conforme a lo que se solicitó, se aceptó por el Consejo su especialización como Juzgado de Familia.

El hecho de que los parámetros de la justicia en Navarra estén en los escalones más altos en los indicadores más importantes del estudio del Consejo General del Poder Judicial, ha incidido Galve, no implica que la situación aquí sea inmejorable, no lo es, solo indica que todos, o casi todos, están peor que nosotros, debemos esforzarnos en mejorar algo que redunda directamente en beneficio de los ciudadanos.

“Y al hilo de lo anterior, como cada año, no me resisto a repetir mi teoría, mi deseo, del 1% fijo del presupuesto de Navarra para la Justicia, y más todavía cuando en la Sala hay tantas autoridades ‘nuevas’ y, sobretodo, miembros del Parlamento, que son a quienes corresponde la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Foral”, ha recalcado.

En estos momentos, ha abundado Galve, la partida destinada en Navarra no llega al 0,7%, la más baja de España. Ninguna Comunidad tiene un presupuesto para Justicia inferior al 1% del presupuesto total. “A alguno le sorprenderá saber que el gasto de Navarra por habitante y año (son datos oficiales) es de 47,6 euros, y que, por ejemplo, en País Vasco es de 79,8 euros, y en Cataluña de 65,1. Cierto es que hemos pasado este año de 44 a 47,6 euros. En cualquier caso, insisto en no renunciar al ya viejo y reiterado deseo de aspirar a una asignación presupuestaria estable”, ha incidido.

“Todo esto, es evidente que, y reitero un año más, no es solo fruto del esfuerzo de jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia, sino de la indudable y generosa dedicación de los funcionarios de esta administración y de cuerpos policiales, abogados, abogados de las diferentes administraciones, procuradores, graduados sociales, médicos forenses, psicólogos, peritos y todos aquellos que, de una u otra forma, colaboran con nosotros, incluyendo lo que se ha venido en denominar administración de la administración de justicia”, ha remarcado.