La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid (Avda. Santiago de Compostela, 96) celebra los días 23, 24 y 25 de febrero en sesiones matinales que darán comienzo a partir de las diez horas, la vista oral del juicio contra Gervasio V. P. por la supuesta comisión de un delito contra la integridad moral y un delito de lesiones por los que la fiscalía solicita una pena conjunta de dos años de prisión.

Según se expone en el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, el acusado ostentaba desde julio de 2008 la Jefatura de la Policía Local de la madrileña localidad de Pinto, y de cuya plantilla formaba parte el sargento Miguel Ángel A. M..

En el mes de enero de 2012, Gervasio pretendió introducir modificaciones en los turnos de trabajo de los tres sargentos existentes en la plantilla. La elaboración de los nuevos cuadrantes causó malestar entre los sargentos y dos de ellos, entre los que estaba Miguel Ángel A. M., formalizaron una queja ante la Concejalía de Recursos Humanos y de Policía del Ayuntamiento. Como represalia, Gervasio comenzó a desacreditar y descalificar profesional y públicamente a Miguel Ángel, así como a relegarle de sus funciones, con la clara intención de perjudicarle aún cuando para ello tuviera que menoscabar su integridad física.

Como quiera que la Concejalía de Recursos Humanos y de Policía del consistorio resolvió favorablemente para los reclamantes la queja formulada por los sargentos y se restituyeron los turnos de servicio anteriores al cambio, el procesado convocó una reunión de toda la plantilla en la que atacó verbalmente a Miguel Ángel, además de advertir al resto de miembros policiales de que, si alguien se quejaba a los superiores, “se los follaba”.

A partir de ese momento Gervasio relegó al sargento a tareas de patrullaje, un servicio que los sargentos solo realizaban de manera esporádica y puntual. Además, comenzó a ejercer un férreo control sobre toda la actividad laboral del denunciante y a impartirle órdenes y requerimientos de forma vejatoria y en voz alta para que el resto de la plantilla policial pudiera escucharlo.

La persecución del superior también consistió en intentar hasta en tres ocasiones que la Concejalía le abriera expediente disciplinario a Miguel Ángel A. M., aunque sin lograrlo, dado que los responsables de incoar dicho expediente consideraron que no había indicios suficientes para ello.

El proceder descrito hizo que Miguel Ángel A. M. sufriese ansiedad, insomnio, labilidad emocional, ánimo bajo, estrés físico y emocional, tensión, cambios de humor de hábitos alimentarios compatibles con el cuadro ansioso-depresivo que requirió para su curación un tratamiento con ansiolíticos y antidepresivos durante 272 días

Por otro lado, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid celebra el próximo martes, día 24 de febrero, a las 12:00 horas, la vista oral del juicio contra Virginia F.G. por la supuesta comisión de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con una falta continuada de estafa, por lo que la Fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión.

Tal y como se desprende del informe de calificación provisional elaborado por el Ministerio Público, la acusada, entre el 18 de noviembre de 2011 y el 21 de febrero de 2012, era enfermera adscrita al Centro de Salud ‘Guzmán el Bueno’, dependiente de la Dirección Asistencial Centro de Madrid. A sabiendas de que los médicos del centro dejaban firmadas en blanco recetas a fin de que, en caso estrictamente necesario, las enfermeras de servicio hicieran uso de ellas, cumplimentando los datos relativos a los pacientes crónicos y a la medicación prescrita a dichos enfermos, aprovechando su condición de enfermera y con el propósito de obtener un beneficio, cogió, al menos, 68 recetas firmadas.

En el apartado correspondiente a la prescripción escribió el nombre de medicamentos psicotrópicos tales como lexatín, lorazepam y  trankimazín y, en el apartado correspondiente al paciente, consignó su nombre y datos personales, logrando así su correspondiente expedición por las farmacias. El importe abonado por el Servicio Madrileño de Salud por estas recetas asciende a la cantidad de 114,30 euros.