Excma. Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid, Excma. Sra. Delegada del Gobierno, Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de Madrid,  Excmos. Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Justicia, Excmo. Sr. Fiscal Superior, Excmo. Sr. Presidente del Consejo General de Procuradores, Excmo. Sr. Presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad, Excmos. Sres. Decanos de los Colegios de Abogados y de Procuradores, Excma. Sra. Presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Madrid, Ilmos. Sres. Decanos de los Colegios de Registradores y Notarios, Ilmo. Ilma. Sra. Abogada del Estado Jefa, Ilmos. Sres. Portavoces de los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Excmo. Sr. General Jefe de la Zona de la Guardia Civil, Excmo. Sr. Defensor del Menor, Ilmo. Sr. Jefe Superior de Policía, Sr. Inspector Jefe de la Policía Municipal de Madrid, Representantes de Asociaciones Judiciales y de Sindicatos de Funcionarios, Excmas. e Ilustrísimas Autoridades, Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, Señoras, Señores:

La conmemoración del inicio del año judicial en la Comunidad Autónoma de Madrid escenifica, tras la solemne apertura realizada hace pocos días en el Tribunal Supremo, el comienzo del curso judicial, no así de la actividad de los órganos judiciales, que como todos sabemos se mantiene continuamente, salvo la inhabilidad del mes de agosto para determinadas actuaciones judiciales.

Un año más, debo agradecer, en representación de todos los que conformamos la Administración de Justicia madrileña, la presencia de las más altas autoridades de la Comunidad Autónoma, con la Presidenta de la Comunidad, la Delegada del Gobierno  y el Presidente de la Asamblea al frente, por cuanto implica de apoyo y compromiso con la labor desempeñada por los Juzgados y Tribunales.

También este año comenzamos el acto con un reconocimiento público a la dilatada labor profesional de un Magistrado: el Ilmo. Sr. D. Ricardo Sánchez Sánchez, Magistrado jubilado, con su último destino en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia. Mediante la imposición de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort a este Magistrado se distingue a un gran profesional de la Justicia, que desde su ingreso en la Carrera Judicial en el año 1987, tras haber desempeñado funciones como Secretario Judicial a partir del año 1969, ha sido un ejemplo de laboriosidad, de honestidad, de integridad, de equidad, de compañerismo, de preparación jurídica y humana. Ricardo ha sido no sólo un gran Magistrado cuya laboriosidad ha demostrado en todos los destinos, de lo que es un pequeño ejemplo su contribución activa durante tres años en un plan de apoyo a las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Madrid, sino que también ha colaborado en actividades docentes como Profesor Universitario, incluso titular hasta su acceso a la Carrera Judicial, y sus inquietudes jurídicas le llevaron a publicar varias obras, fundamentalmente en materia de derecho procesal, a presentar numerosas ponencias y artículos, y a participar en innumerables cursos y seminarios. En definitiva, un gran jurista que durante más de cuarenta años ha prestado un servicio inestimable a la Administración de Justicia, a la Sociedad, a los ciudadanos, lo que es objeto de un reconocimiento expreso y público mediante la concesión de esta condecoración, que hemos tenido el honor de imponer el día de hoy.

Muchos son los servidores de la Justicia, en todas las categorías, Magistrados, Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, Gestores, Tramitadores, Auxiliares, Médicos Forenses, Peritos, Intérpretes, Psicólogos, Asistentes Sociales, que serían merecedores de esta distinción por su trabajo intenso y abnegado, gracias al cual se mantiene el funcionamiento de la Administración de Justicia Madrileña en estos momentos difíciles que afrontamos.

El estado de la Justicia en Madrid durante el curso pasado continua siendo delicado. Después de unos años de constante crecimiento de los asuntos ingresados en los Juzgados y Tribunales, durante el pasado año 2010 se ha producido un leve descenso, en un 1,59% respecto a los asuntos registrados en el año 2009. La relativa estabilización en la entrada de asuntos que supone este dato seguramente es un efecto singular de la crisis económica, que ha disuadido a algunos de la promoción de litigios, aunque también ha propiciado la iniciación de otros derivados de  crisis empresariales y familiares.

El número de asuntos resueltos también se ha estabilizado, con una leve alza del 0,93% en relación a los del año 2009, lo que constata el esfuerzo que continúan realizando los Juzgados y Tribunales de la Comunidad, a pesar de las dificultades existentes, para hacer frente a la excesiva y desproporcionada carga de trabajo a la que se enfrentan. Pero como desde hace años el número de asuntos terminados no alcanza el de ingresados, los asuntos pendientes al finalizar el año 2010 se han incrementado también en comparación con el año precedente, en un 4,39%.

En ese aumento de pendencia, debe destacarse el producido en los procedimientos de ejecución o ejecutorias, incrementados durante 2010 en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo en los Juzgados de lo Penal y de Violencia contra la Mujer. En cifras globales, se ha pasado de 273.974 ejecutorias al acabar el año 2009 a 316.068 al final de 2010, con un incremento de 42.094 ejecutorias más. Datos estos que no se pueden desvincular de los arrojados en anualidades anteriores, lo que evidencia un aumento constante de las ejecutorias, esenciales para que los Juzgados y Tribunales de Madrid cumplan con uno de los aspectos esenciales de su función constitucional: ejecutar lo juzgado.

El análisis individualizado de los diferentes órganos judiciales evidencia esta situación preocupante que, en general, arrastran en los últimos años la mayor parte de los órganos judiciales.

Lo más destacable en las Salas que componen el Tribunal Superior de Justicia es el incremento del número de asuntos en la Sala de lo Civil y Penal, que aún puede perfectamente asumir una más alta carga de trabajo; una bajada sustancial de asuntos (del 27,31%)  en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a consecuencia del descenso en los relativos a extranjería, y una estabilización en la Sala de lo Social, que tuvo un 0,90% de asuntos menos en el año 2010 en comparación con el 2009. Pero mientras en las Salas de lo Civil y Penal y, singularmente, en la de lo Contencioso-Administrativo se han resuelto un número de asuntos superior al ingresado, por contra en la de lo Social ha sido inferior, elevándose así su pendencia en un preocupante 33,22%.

En la Audiencia Provincial, las Secciones Civiles también tienden a la estabilización en número de asuntos registrados, con un 1,20% de asuntos menos, salvo en la de lo Mercantil, que ha sufrido un fuerte incremento, en un 33%, por la proliferación  de crisis empresariales. En las Secciones Penales han aumentado todos los indicadores durante 2010: han entrado un 3,04% más de asuntos, se han resuelto un 3,42% más que el año anterior, y ha aumentado también el número de asuntos en trámite en un 11,68%, al no poder resolverse un número similar al de ingresados.   Es de destacar el aumento que se ha producido en el número de ejecutorias en trámite al finalizar 2010[1], casi un 200% más que al concluir el año 2009, en lo que ha influido la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, que ha obligado a un esfuerzo ingente de los Magistrados en la revisión de las condenas en fase de cumplimiento.

La situación en los órganos judiciales unipersonales, los Juzgados, es también preocupante.

En los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, aun produciéndose un marcado descenso, de un 24,23% en el número de asuntos ingresados -sobre todo debido a la reducción en materia de extranjería-,  el número de asuntos pendientes  se ha incrementado en un 10,35% al resolverse aún un número menor que registrados.

En los Juzgados de lo Social se ha reducido en un 5,47% el número de asuntos ingresados, aumentando el número de los resueltos en un 8,29%. Pero, a pesar de este esfuerzo resolutivo, el nivel de pendencia al finalizar el año también ha aumentado en un 10,54%.

El número de asuntos incoados [2]  en todos los Juzgados con competencia Civil–Juzgados de 1ª Instancia, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de Familia y de Menores -, ha sido un 1,11 % más que en 2009. En esta jurisdicción civil se han resuelto [3] 24.836 asuntos más que en 2009. Y al finalizar 2010 había en trámite [4] 14.943 asuntos más que al acabar 2009. Es destacable el aumento producido en los asuntos de familia, con un incremento en los ingresados del 30,74%, en gran parte por la modificación de los convenios reguladores de separaciones o divorcios a consecuencia de la crisis económica. También en lo mercantil suben los tres indicadores, y en especial el de asuntos resueltos: En 2010 se registraron un 18,27% más; pero a pesar de resolverse también un 85,64% más que en 2009, el nivel de asuntos pendientes se incrementó en un 16,67%.

En los diferentes Juzgados unipersonales con conocimiento en materia penal – Juzgados de Instrucción, Violencia sobre la Mujer, Menores, Vigilancia Penitenciaria y de lo Penal – han ingresado [5] , un 1,12% asuntos menos que en 2009; quedando el número de causas en trámite al acabar el año [6] superior en un 2,35% a las que había al finalizar 2009. Solo se produce un aumento generalizado en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, que durante 2010 han tenido un incremento del número de asuntos ingresados del 15,32%, y del de los resueltos del 17,76%, aumentando en un 24,93% el de los que estaban en trámite al acabar el año.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han experimentado un avance sustancial: el número de asuntos registrados se redujo en un 8,72%, y bajó a su vez en un 36,64% el número de asuntos en trámite al acabar el año.

Por último, también mejora la jurisdicción de menores:  baja el número de asuntos registrados en un 13,80%, se resolvieron en 2010 un 11,86% de asuntos más que en 2009, lo que ha dado lugar a que al finalizar 2010 quedaran en trámite un 36,64% menos que al finalizar la anualidad anterior.

El análisis de los anteriores datos revela que se ha producido un incremento en el número de asuntos ingresados en aquellas materias que directa o indirectamente resultan más sensibles a la crisis económica, mientras que en el resto se puede hablar en líneas generales de una estabilización, con las excepciones que derivan del descenso de asuntos registrados en el orden contencioso administrativo relacionados con materia de extranjería o del aumento en materia de vigilancia penitenciaria. Pero esa estabilización no impide constatar dos realidades: Una, que al finalizar el año ha aumentado globalmente el número de asuntos en tramitación, incluido el de las ejecutorias, sobrecargando aún más la mayor parte de juzgados y tribunales.  Y, otra, que la carga de trabajo que soportan los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid, continua siendo excesiva y sobrepasa los límites de lo razonable para impartir justicia correctamente, siendo merced al pocas veces reconocido esfuerzo que está desarrollando el personal que los sirve, y en especial Jueces y Magistrados, por lo que esa sobrecarga de trabajo no está, de momento, repercutiendo de manera grave en los ciudadanos.

La solución del constante incremento de asuntos pendientes en los órganos judiciales, y, consiguientemente, de la demora en la resolución de los asuntos, debo una vez más reiterarlo, no puede solucionarse sólo con la creación de nuevos órganos judiciales, aunque disponemos en la Comunidad de Madrid de un menor número de Magistrados y Jueces por 100.000 habitantes: 10,1, inferior a la media nacional de 10,6. Por más juzgados que se creen, difícilmente podremos nunca absorber la carga de trabajo, que aumenta cada año. Es más, si no se solucionan los defectos de gestión generalizados en los órganos judiciales, el incremento de juzgados y tribunales, me temo, sólo servirá para incrementar el nivel general de ineficiencia.

Con una tasa de litigiosidad –número de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes- en la Comunidad de Madrid más altas de toda España: 223,2 asuntos, sólo superados por Andalucía, con 230,9 asuntos, cuando la medida nacional está en 198,8 asuntos, sólo mediante la adopción de medidas urgentes y eficaces que reduzcan la litigiosidad en todas las jurisdicciones, y el incremento de la eficiencia, la mejora sustancial de la gestión de los órganos judiciales,  podrán superarse los males de la Justicia.

Padecemos un exceso de litigiosidad que en algunos casos es evidente. Difícilmente puede entenderse el contraste del más de un millón de asuntos registrados en materia penal (concretamente 1.126.763) con los 289.802 incoados en materia civil, 52.066 registrados contencioso-administrativos y 68.889 sociales. Esto es, los asuntos penales representan más del 73% de los procedimientos incoados en el conjunto de los Juzgados y Tribunales madrileños.

A este exceso de litigiosidad, aunque sea solo en parte, contribuye la regulación actual de la asistencia jurídica gratuita, que permite a querellantes o demandantes abusivos habituales disponer de representación y defensa costeados por toda la sociedad. El sistema actual no permite una una ponderación imparcial sobre la probabilidad de ser finalmente estimada la pretensión que justifique la intervención de los tribunales de justicia. Encomendada al propio Colegio de Abogados o al letrado provisionalmente designado la valoración sobre si la pretensión es manifiestamente insostenible o carente de fundamento, son mínimas las ocasiones en las que se hacen esas declaraciones, mientras que en los Tribunales contemplamos numerosos casos en los que es abusiva la presentación de demanda o querella por los designados gratuitamente.

Deben corregirse, por tanto, los defectos en el sistema de asistencia jurídica gratuita,  pero sin desmerecer el importante papel que desempeñan los Abogados, gracias a los cuales está plenamente garantizada en nuestro ordenamiento jurídico la defensa de todas las personas, aunque carezcan de medios. La asistencia jurídica gratuita, es conveniente recordar, debe prestarse de modo independiente por Letrados no vinculados a Administración Pública alguna, para garantizar que las personas desfavorecidas socialmente puedan obtener también la tutela judicial efectiva como cualquier otro ciudadano, sin verse relegadas por su situación económica a renunciar al amparo judicial, constitucionalmente reconocido a todos. Por ello, la corrección de los defectos en la designación o en la gestión del sistema de asistencia jurídica gratuita, que en estos momentos de restricciones presupuestarias es esencial, no debe suponer menosprecio alguno de la función clave que desempeñan los Abogados ni motivo para postergar la justa compensación del trabajo realizado en la defensa de los intereses de los carentes de recursos económicos.

Pero son otros muchos más los factores que influyen en el decepcionante estado de la Justicia.

La actual disgregación de competencias entre CGPJ, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas complica sustancialmente la modernización y gestión de los órganos judiciales. No es de extrañar que cada vez surjan más voces que propugnan la devolución de transferencias al Estado en materia de Justicia o la concentración de estas competencias en un solo órgano administrativo, con lo que, en efecto, se facilitaría, y con más homogeneidad, la gestión de la Administración de Justicia. 

El fomento de medidas de resolución extrajudicial de conflictos, como la mediación o el arbitraje está aún en un grado muy incipiente, alejadas de los resultados beneficiosos obtenidos en otros países de nuestro entorno.

Ante la insuficiencia de estos medios alternativos de resolución de conflictos, se ha propiciado el acceso indiscriminado a los Tribunales de Justicia, abriéndose además desmesuradamente la vía del recurso devolutivo, al que se acogen en muchos casos sin cortapisa alguna los litigantes al no sufrir riesgo alguno por su interposición.  Cuando cuentan con asistencia jurídica gratuita, surgen las mismas dificultades antes señaladas para declarar la pretensión insostenible y, además, en el orden penal no cabe siquiera formular la insostenibilidad de la pretensión en vía de recurso respecto de los condenados.

Pero hay que reconocer también la ineficiencia general en los Juzgados y Tribunales. Seguimos anclados en una organización obsoleta, que no se consigue mejorar con la llamada “Nueva Oficina Judicial”, que ha deparado de momento unos resultados decepcionantes en los pocos lugares en los que se ha instaurado, con un coste altísimo en todos los aspectos y sin incrementar la eficiencia. La gestión material de los procedimientos judiciales sigue sistemas anticuados, que dificultan el manejo de las actuaciones y la eventual aplicación de nuevas tecnologías, como la digitalización. Los Jueces y Magistrados contemplan, con enorme decepción, que se discute su autoridad en sus propios órganos judiciales y que cada vez están más aislados en su actividad jurisdiccional, sin que la supuesta modernización de la oficina judicial sirva para dotarles –como disponen profesionales similares de su nivel- de colaboradores que les descarguen de tareas secundarias, como la sistematización o la búsqueda de actuaciones concretas en unos procedimientos cada vez más voluminosos.    La llamada “justicia interina” (Jueces sustitutos y Magistrados suplentes), en vez de disminuir, crece ante la insuficiencia de jueces y magistrados titulares y el reconocimiento a éstos de derechos profesionales que también requieren la evaluación de su impacto en la planta judicial. Y todo este panorama está sirviendo para minar cada vez más la confianza de los ciudadanos en la Justicia, en la que ya algunos atisban incluso síntomas de corrupción en las últimas encuestas.

Necesitamos, por tanto, liberarnos de los “frenos” que atenazan el funcionamiento de la Administración de Justicia (burocratización, desorganización, intereses corporativos)  y la potenciación, en cambio, de los “motores” para su funcionamiento: mejoras organizativas, restricciones a accesos indiscriminados a la justicia, aprovechamiento de las potencialidades profesionales de los colectivos implicados en la Administración de Justicia (jueces, secretarios judiciales, personal) evitando tensiones corporativas, aplicación eficaz de nuevas tecnologías, incentivación de la buena actuación profesional, etc.  

Es este quizá el momento adecuado para emprender con decisión estas reformas, que posiblemente requieren una actuación decidida del Parlamento Español, que ya ha iniciado con proyectos legislativos recientemente aprobados o en marcha, pero que debe profundizar con decisión las Cámaras Legislativas que resulten elegidas del proceso electivo recientemente convocado. La mejora organizativa de los Tribunales de Justicia, que en muchos casos no requiere inversiones económicas, sino un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, permitirá sin duda que en los años próximos logremos recuperar el prestigio de la Justicia otorgando al ciudadano, con eficacia y prontitud, la tutela judicial efectiva que nos reclama.

Así conseguiremos la mejor Administración de Justicia que todos ansiamos. Una justicia a la que puedan acceder fácilmente, pero con racionalidad, los ciudadanos y los profesionales de la Justicia –Procuradores, Abogados, Graduados Sociales- recibiendo en todo momento un trato adecuado por funcionarios y por Magistrados y Jueces. Una justicia ágil,  que resuelva siempre los procedimientos en un tiempo razonable y que ejecute con prontitud las resoluciones. Una justicia en la que todos los Jueces y Magistrados, absolutamente independientes, cuenten con una preparación jurídica y humanística al más alto nivel y que, por ello, sus resoluciones contengan invariablemente una decisión y una motivación impecables. Una Justicia en la que las disfunciones sean inmediatamente subsanadas y corregidas. Una justicia, en definitiva, que cumpla a la perfección su función como tercer poder del Estado de Derecho y como servicio público a la ciudadanía.  

Muchas gracias por su atención. El acto de conmemoración de la apertura del año judicial 2011-2012 en la Comunidad de Madrid ha concluido.

 

            Madrid, 27 septiembre 2011.