Quiero agradecer a todos los asistentes su presencia en este acto solemne de conmemoración de la apertura del año judicial, presencia que intensifica la relevancia, no solo de esta celebración, sino también del papel de la Justicia en el ámbito la Comunidad de Madrid.

Todos somos conscientes de que es en la Comunidad de Madrid, pese a ser una Comunidad uniprovincial, donde se genera el mayor porcentaje de asuntos jurisdiccionales de toda España, por su número, pero también por su complejidad. Ello exige una atención específica por parte de las distintas Administraciones Públicas en la dotación de medios personales y materiales, al objeto de facilitar el ágil y eficaz funcionamiento de la Justicia madrileña. Es de reconocer que, en el ámbito del Ministerio Fiscal, los esfuerzos realizados en los últimos años han sido notables, lo que ha permitido reducir, aunque no subsanar, las carencias existentes en las Fiscalías madrileñas.

Concretamente, el año 2010 ha aportado un rayo de luz a la mayor de las lacras que, tradicionalmente, han soportado las Fiscalías radicadas en la Comunidad de Madrid, que ha sido la escasez de las plantillas, tanto de Fiscales como de funcionarios.

El incremento del número de Fiscales mediante la creación en diciembre de 2010 de 21 nuevas plazas, añadidas a las 16 creadas en diciembre del año 2009, ha supuesto un alivio indudable que ha favorecido la actuación más eficiente del Ministerio Fiscal.

Subsiste, sin embargo, la problemática relativa a la enorme cifra de abogados fiscales sustitutos que integran las respectivas plantillas, hasta 82 durante el año 2010, lo que supone una evidente anomalía que tiene su natural impacto negativo en la labor diaria de la Fiscalía, pues una parte de ellos adolece de la más mínima experiencia y de los más elementales conocimientos acerca de la tarea que diariamente compete desarrollar a un Fiscal.

Pero, también hay que resaltar el notorio esfuerzo de la Comunidad de Madrid. La sensibilidad demostrada por la Consejería de Justicia a la hora de abordar esta problemática ha permitido obtener un acuerdo que ha de favorecer el crecimiento anual de las plantillas de funcionarios en proporción al incremento de los órganos judiciales y de las plazas de Fiscales, evitando, de este modo, el notorio desajuste hasta ahora existente y facilitando la evidente mejora de la eficacia y de la inmediatez de respuesta de las Fiscalías.

 

Así, durante el año 2010 se incrementaron las plantillas de funcionarios en 17 plazas y se llegó al compromiso de crear otras 25 en el año 2011. De estas 25, se crearon 10 el día 1 de enero y otras 5 en el mes de mayo de 2011.

 Ello ha supuesto una notable mejora de la difícil situación preexistente y, singularmente, evidencia la firme y seria voluntad de la Consejería de Justicia para solventar de manera muy positiva el grave problema generado por las carencias en las plantillas y que había sido una rémora para la efectividad de la actuación del Fiscal, rémora, hoy en día en vías de superación.

Pero es preciso advertir que dicha beneficiosa actuación ha de mantener una continuidad imprescindible en el tiempo, en función de las futuras necesidades de personal de cada Fiscalía, al objeto de evitar nuevos desarreglos en las respectivas plantillas de funcionarios. Es de notar que desde el año 2003, el número de funcionarios de las Fiscalías madrileñas se ha incrementado en 80, cifra nada desdeñable, pero que contrasta con el aumento de Fiscales en 130 y con la ampliación de la planta judicial, en ese mismo periodo de tiempo, en más de 110 órganos judiciales. Es decir, que pese a la notable inyección de medios personales recibida, la Fiscalía presenta en el año 2011 unas ratios funcionario/Fiscal y funcionario/órgano judicial peores que las existentes en el año 2003.

Por eso resulta preciso terminar de cumplir el compromiso adquirido en el año 2010, ampliando para este 2011 las plantillas de la Fiscalía en los 10 funcionarios que quedan pendientes del citado acuerdo.

Y, sobre todo, y esto es ciertamente relevante, es indispensable continuar con el diagnóstico que se está efectuando a instancias de la Excma. Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid acerca de la situación actual de la Justicia, de sus desajustes, de sus carencias y de sus excesos, al objeto, tanto de racionalizar de manera adecuada los actuales medios de que ya dispone, como de detectar sus lagunas y priorizar los objetivos que debieran recibir inmediata atención.

Y en este análisis, sería bueno conocer qué parte del presupuesto de Justicia de nuestra Comunidad se dedica al Ministerio Fiscal, pues todos, Fiscales, integrantes del mundo de la justicia, miembros del Gobierno autonómico y, singularmente, los ciudadanos deben conocer el gasto anual que se destina a la Fiscalía. No olvidemos que, por ello, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone en su art. 72.3, tras la reforma del año 2007, que los Presupuestos de las Comunidades Autónomas contemplarán partidas presupuestarias adecuadamente singularizadas para atender las necesidades del Ministerio Fiscal.

Necesidades que incluyen, además de los medios personales, los medios materiales: inmuebles, material o aplicaciones informáticas, cuya dotación es indispensable para la labor del Fiscal. Así, por ejemplo, magníficas son, desde luego, las instalaciones de la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares ubicadas en el nuevo Palacio de Justicia inaugurado, a principios de este año, en dicha localidad. Y, excelente, la aplicación de “Gestión Procesal de Menores” confeccionada por la Comunidad de Madrid e implantada durante el año 2010, que permite disponer en la actualidad de un sistema informático moderno y de mucha mayor eficiencia, en una jurisdicción tan relevante como la de menores.

Menos bueno es que los funcionarios de la Fiscalía, que desarrollan sus funciones en el ámbito de la Violencia de Género, no hayan empezado a percibir, todavía, el complemento específico que se les otorgó en el Acuerdo de la Mesa Sectorial  de personal funcionario de 21 de octubre de 2009, pese a que los funcionarios de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, a quienes se concedió un complemento específico mayor, si lo están cobrando.

Gastos como éstos y otros que podrían evidenciar, por el contrario, un exceso en los medios suministrados a la Fiscalía, serían detectables, con mayor precisión, facilitando, así, su eventual corrección, si se conociera cuál es el desembolso anual para el Ministerio Fiscal y en qué se ha gastado la cantidad dedicada a la Fiscalía.

En este momento de crítica situación económica, esto es vital. Porque desde el Ministerio Fiscal somos plenamente conscientes de la imperiosa necesidad de adoptar medidas de contención del gasto público que tienen que afectar, en mayor o menor proporción a todos los ámbitos y, por ello, también, a la Justicia y, desde luego, al Ministerio Público. Que hoy en día, nos guste o no, debe primar la austeridad presupuestaria y, de ahí, que brindemos nuestra colaboración para que las decisiones que hayan de adoptarse, en relación con el Ministerio Fiscal, en singular, y con la Justicia, en general, estén presididas por criterios de sensatez y de necesidad, dando preferencia a las que sean imprescindibles para su correcto funcionamiento.

¿Ha tenido esta situación de grave crisis económica su reflejo en la actividad jurisdiccional del año 2010? En el ámbito penal, los datos estadísticos globales relativos a la delincuencia existente en nuestra Comunidad, revelan un mantenimiento de la línea descendente, iniciada el año 2009, de las infracciones penales cometidas por los adultos. Sin embargo, la jurisdicción del menor ha sufrido un ligero repunte.

En concreto, respecto de la delincuencia de adultos, el número total de procedimientos efectivos incoados en la Comunidad de Madrid durante el año 2010, computando las Diligencias Previas y las Diligencias Urgentes de juicio rápido fue de 736.575, frente a los 755.428 del año 2009, lo que supone un decrecimiento del 2,48%, ligeramente menor que el del año 2009 que fue de 4,29%.

Desglosando dicha cifra entre Madrid capital y Madrid región se observa que, en concreto, en Madrid capital el número total de procedimientos incoados fue de 400.885, es decir, un 1,54% menos que en el 2009 que fueron 407.138, lo que supone un descenso más leve que el 7,32% del año 2009.

En cuanto a Madrid región cabe reseñar, en primer lugar, que la Zona Norte (Secciones Territoriales) fue la única que presentó un leve auge del 1,86%, al pasar de la cifra total de 89.312 procedimientos en el año 2009 a la de 90.976 del presente año, crecimiento algo superior al 0,90% del año precedente.

Por el contrario, en las tres Fiscalías de Área se obtienen cifras inferiores a las del año 2009. Así, la Fiscalía de Área de Móstoles experimentó la mayor disminución, pues durante el año 2010 el número total de Diligencias Previas y de Diligencias Urgentes alcanzó las 90.082, lo que supone un descenso notable del 8,42%, respecto de las 98.366.

A su vez, la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés generó una ligera reducción del 1,13%, que contrasta con el aumento del 2,95% acaecido durante el año 2009, pues alcanzó la cifra de 79.295 procedimientos, frente a los 80.202 de la anualidad anterior.

Y, finalmente, la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares mantiene su línea descendente en el número de procedimientos, pues frente a los 80.266 del año 2009, durante el presente año 2010 se incoaron 75.337, es decir, un 6,14% de disminución, cifra muy similar al 7,30% del año precedente.

Es de resaltar que, a lo largo del año 2010, la Fiscalía realizó un total de 38.154 escritos de acusación, lo que implica que únicamente el 5,17% de los asuntos, aproximadamente, llegan a juicio.

Asimismo, los Juicios de Faltas decrecieron durante el año 2010 en un 2,99%, pues se incoaron 142.585 frente a los 146.976 de la anualidad precedente.

Por su parte, la delincuencia de menores presentó unos números superiores al año 2009. En efecto, se registró una cifra global 11.489 ilícitos penales (delitos y faltas), lo que supone un incremento del 6,19%, frente a la cifra de 10.819 por igual concepto del anterior año 2009.

Sin embargo, estos datos deben de interpretarse en sus justos términos, dado que el incremento del guarismo global expuesto ha tenido su origen en un notable aumento de las faltas, que han pasado de las 1.928 incoadas durante el año 2009 a las 3.439 registradas en el año 2010, lo que implica un notabilísimo auge del 178,37%.

Mientras, los delitos han sufrido una disminución del 9,46%, pues frente a los 8.891 procedimientos incoados en el año 2009, durante el año 2010, la cifra tan sólo alcanzó 8.050 procedimientos.

Este espectacular auge de las faltas obliga a reflexionar acerca de la procedencia de una eventual reforma legislativa que simplifique el procedimiento e iter procesal de la tramitación aplicable a las simples faltas, actualmente idéntico al de cualquier delito, estableciendo una modalidad procedimental nueva, predominantemente oral, que reduzca al máximo su tramitación y que conduzca a alcanzar la tan deseada justicia rápida y eficaz en interés del propio menor que, de este modo, vería corregida su conducta ilícita de forma inmediata, permitiéndole interiorizar, sin demoras temporales, el desvalor social y legal de su conducta errática y obtener la respuesta sancionadora inherente a su esquema de comportamiento.

Resulta enormemente aventurado relacionar la crisis económica con el mantenimiento a la baja de las cifras de la delincuencia en nuestra Comunidad, aunque en este descenso de la actividad criminal, sí juegan un papel absolutamente primordial, tanto la actuación cada día más eficaz de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación de los hechos delictivos y, principalmente en su esclarecimiento, como la mayor presencia policial en las calles, con la prevención general que ello implica, a través del efecto disuasorio que ocasiona en el delincuente.

Si es posible apreciar, sin embargo, el impacto de la crisis en otros órdenes jurisdiccionales como el civil, singularmente en los procedimientos de familia relativos a la modificación de medidas de los convenios reguladores y en los asuntos mercantiles, concretamente en los procedimientos de ejecución de bienes y derechos patrimoniales (+ 2.700/%, al pasar de 7 a 196 asuntos).

Pero quienes formamos parte de la Justicia, no podemos sino mostrar nuestra preocupación por la actual crisis institucional. La creciente desconfianza que patentizan los ciudadanos hacia las Instituciones que rigen nuestra sociedad y que tienen la excelsa función de proteger y consolidar nuestro Estado de Derecho, evidencia una grieta en su funcionamiento. Y refleja, sin duda, que algo no estamos haciendo bien.

Conductas como la masiva ocupación ilegal de las vías públicas, la obstaculización de la constitución de Parlamentos Autonómicos o de Corporaciones Locales democráticamente elegidos por todos los ciudadanos o el impedimento de la ejecución de resoluciones judiciales firmes, no sólo deslegitiman a los que así actúan, haciéndoles perder cualquier asomo de razón en la que quisieran justificar su proceder, sino que exteriorizan su ignorancia acerca de los valores que deben inspirar la convivencia democrática, aquello que los griegos denominaban virtudes, y que para Aristóteles no eran sino nombres de una misma cosa, que es única, la sabiduría.

Tales comportamientos prueban, además, el deseo de imponer la mera voluntad de quienes así se conducen sobre las reglas que presiden la coexistencia pacífica e igual de las personas y protegen el ejercicio de los derechos y libertades de todos en un espacio común de libertad. Y muestran su ignorancia del principio primordial de una convivencia democrática: ningún derecho, ni siquiera los derechos reconocidos como fundamentales, es absoluto. Todos tienen sus límites, y el primero es el respeto a los derechos de los demás. La libertad de cada individuo termina allí donde empieza la libertad de otro.

En un Estado de Derecho como es España, son las Instituciones las que tienen encomendada la función de erradicar todo actuar que vulnere las normas constitucionales y legales que rigen las relaciones entre los españoles. Un proceder institucional que pudiera ser eventualmente interpretado como de pasividad, de tolerancia o incluso de simpatía con los infractores, dejaría traslucir una debilidad que acrecentaría una desconfianza, ya legítima, en esas Instituciones.

Conviene, además, estar alerta sobre la inmoralidad que podría suponer pretender trasladar a la opinión pública la falacia de que es lícito y hasta bueno realizar actos ilegales al margen de los cauces establecidos por las normas jurídicas, siempre que sea sin violencia, como si se pudiera infringir la ley por medios no violentos, porque lo grave no fuera la infracción legal que se comete, sino la forma de perpetrarla.

Y si todo lo anterior llegara a generarse desde las Instituciones, cualquier observador imparcial o mismamente aquellos viajeros persas, Usbek y Rica, a los que inmortalizó Montesquieu en su célebre obra “Les Lettres Persanes”, podrían llegar a la conclusión de que quienes las integramos habríamos perdido nuestra “legitimidad de ejercicio” por mucha que hubiera sido nuestra “legitimidad de origen”.

La responsabilidad de quienes en un Estado de Derecho representan a las Instituciones democráticas, radica en la protección y defensa de ese Estado de Derecho en el que ha de imperar el acatamiento de la Ley y de las resoluciones de Jueces y Tribunales, trasladando, así, a la sociedad la seguridad del mantenimiento de una convivencia pacífica y respetuosa, tanto de los principios y valores constitucionales, como de las virtudes, muchas hoy olvidadas, que ya desde la Antigüedad gobernaban las relaciones entre los hombres: la sabiduría, la templanza, la generosidad, la autenticidad, el amor a la verdad, la fortaleza, la piedad o la justicia.

Sin duda, ese ha de ser el camino para el robustecimiento y la consolidación de nuestra democracia.