La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y los máximos responsables de la Consejería de Justicia del gobierno regional se han reunido hoy en comisión mixta en la sede del tribunal madrileño para analizar la situación que atraviesan los órganos judiciales como consecuencia de las medidas adoptadas contra la pandemia y buscar la implementación de nuevas actuaciones en el caso de un hipotético rebrote de la enfermedad en un futuro. 

Como a nadie se le escapa, el impacto de la pandemia Covid-19 en el funcionamiento de los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid –tal vez en mayor medida que en el resto del Estado- ha generado, entre otros efectos, una paralización en la tramitación de procesos que resultará difícil de afrontar con eficacia en gran parte de las ocasiones. 

La necesaria observancia de las medidas de prevención establecidas para los meses posteriores a la conclusión del estado de alarma por las autoridades sanitarias ha traído consigo una ralentización innegable en la actividad judicial: particularmente la reducción de actuaciones presenciales, las limitaciones del aforo de los edificios judiciales, o incluso, la reducción (por menor que resulte) de plantillas en asistencia diaria, contribuyen decisivamente a esta minoración del ritmo de actividad. 

Ya que no puede desconocerse tampoco la necesidad de prever un escenario de hipotético rebrote de la enfermedad en un futuro, la sala de Gobierno estima, y así se lo ha hecho llegar a la Consejería de Justicia autónoma, que deben establecerse actuaciones que, en la medida de lo posible, contribuyan a reducir el impacto en esta primera y drástica experiencia. 

Sobre estas premisas básicas, la Sala de Gobierno ha marcado hoy en el curso de la reunión de la comisión mixta los dos objetivos que debe afrontar la justicia en Madrid para seguir funcionando con plena operatividad. 

Por una parte, el estudio de las medidas que puedan implantarse para intentar recuperar el retraso padecido y cuya administración dependa de la Comunidad de Madrid. Y por otra, programar aquellas otras que puedan servir en ese futuro hipotético para suavizar el impacto de una segunda edición. 

Este segundo objetivo se plantea como un marco de previsión que debe ponerse en ensayo lo antes posible con la finalidad de activarlo en plenitud si algún día resulta necesario. Pero desde una idea central: sin renunciar a recuperar algún día lo que todos entendemos por “normalidad”. 

Todas estas consideraciones llevan a la Sala de Gobierno a plantearse la necesidad prioritaria de diseñar las bases para atender las siguientes cuestiones: 

-       Suministro prolongado en el tiempo de materiales de prevención (Epis)

-       Posibilidades de incentivos al personal funcionario.

-       Planes por objetivos.

-       Los entornos digitales.

-       Impulso del expediente electrónico.

-       Problemática detectada en la práctica de actuaciones telemáticas.

-       Concreción del régimen de teletrabajo.