El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira Morante, ha presidido hoy martes 27 de septiembre la recepción con motivo de la Apertura del Año Judicial 2011-12 en los Juzgados y Tribunales de la Comunidad de Madrid.

 Al solemne acto, que tuvo lugar en la sede del TSJ de Madrid, acudieron, entre otras personalidades, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, los vocales territoriales del CGPJ, Gemma Gallego y José Manuel Gómez-Benítez, el Presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echevarría; la Delegada del Gobierno en la región, María Dolores Carrión, la consejera de Presidencia, Justicia e Interior, Regina Plañiol así como autoridades de los colegios profesionales, magistrados, jueces y fiscales de la comunidad.

En su discurso de apertura, el presidente del TSJM calificó de “delicada” la situación general de la administración de la Justicia en la región. “Después de unos años de constante crecimiento -destacó Vieira- se ha producido un leve descenso, de un 1,59% de los asuntos registrados, lo que supone un efecto singular de la crisis económica, que ha disuadido a algunos de la promoción de litigios, aunque también ha propiciado la iniciación de otros” en el ámbito de las empresas y las familias.

 En ese sentido, subrayó especialmente que los asuntos de lo Mercantil que se tramitan en  la Audiencia Provincial han sufrido un incremento de un 33% mientras que en las Secciones Penales, los procedimientos entrantes también han aumentado pero sólo hasta un 3,04%.

El Presidente abogó también por “la corrección de los defectos” en la designación o en la gestión del sistema de asistencia jurídica gratuita. El contexto de dificultad económica y de restricciones presupuestarias “no debe suponer menosprecio alguno de la función clave que desempeñan los abogados, garantizando a todos la defensa, ni motivo para postergar la justa compensación del trabajo realizado”, apuntó.

En la positiva búsqueda de soluciones para desatascar de manera eficiente la administración de la Justicia en la región, Vieira significó que la salida “no sólo es la creación de nuevos órganos judiciales” ya que, abundó, “por más juzgados que se creen, difícilmente podremos nunca absorber la carga de trabajo, que aumenta año tras año”, sino “el fomento de medidas de resolución extrajudicial de conflictos, como la mediación o el arbitraje”, herramientas que , según su criterio, “están aún en grado muy incipiente, alejadas de los resultados beneficiosos obtenidos en otros países de nuestro entorno”.

Además, Francisco Vieira Morante, en relación con la actual disgregación de competencias entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas consideró oportuno concentrar las competencias de Justicia en un solo órgano administrativo, que facilitaría la homogeneidad de la gestión.

En esta misma línea, el Presidente del TSJM, insistió en el hecho de que la nueva Oficina Judicial no ha conseguido mejorar la obsoleta organización de juzgados y tribunales. La nueva Oficina Judicial, a su juicio, ha deparado, de momento, unos resultados decepcionantes a un coste altísimo, tanto económico como de recursos: jueces y magistrados contemplan con decepción que se discute su autoridad y la llamada “justicia interina” en vez de disminuir, crece, “un panorama que mina cada vez más la confianza de los ciudadanos en la Justicia”.

Por su parte, el Fiscal Superior del Tribunal Superior de Madrid, Manuel Moix Blázquez, arrancó su discurso agradeciendo a las diferentes administraciones por “aportar un rayo de luz a la mayor de las lacras que, tradicionalmente, han soportado las Fiscalías radicadas en la Comunidad, que ha sido la escasez de las plantillas, tanto de Fiscales como de funcionarios”.

Una vez detallado el incremento en la plantilla, tanto de funcionarios como de técnicos en el Ministerio Público regional, el Fiscal superior ocupó buena parte de su tiempo de palabra para poner de manifiesto conductas que en los últimos meses se han repetido, “como la masiva ocupación ilegal de las vías públicas, la obstaculización de la constitución de Parlamentos Autonómicos democráticamente elegidos o el impedimento de la ejecución de resoluciones judiciales firmes”. Según su criterio, “esas conductas no sólo deslegitiman a los que así actúan, sino que exteriorizan su ignorancia acerca de los valores que deben inspirar la convivencia”. Para atajarlo, Moix, apeló al “Estado de Derecho, como es España, en las que las Instituciones tienen encomendada la función de erradicar todo actuar que vulnere las normas constitucionales”. Y concluyó advirtiendo que “un proceder institucional que pudiera ser eventualmente interpretado como de pasividad, de tolerancia o incluso de simpatía con los infractores, dejaría traslucir una debilidad que acrecentaría una desconfianza, ya legítima en esas Instituciones”.