Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
Utilizamos cookies propias y de terceros únicamente para realizar mediciones y análisis estadísticos de la navegación por las diferentes secciones de la página web con la finalidad de mejorar el contenido que ofrecemos. Al hacer click en 'Aceptar todas las cookies', consiente que todas las cookies se guarden en su dispositivo. Para configurarlas o rechazar su uso haga click en el botón 'Configurar Cookies'.
Para más información consulte nuestra política de cookies
Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
A pesar de que el tribunal reconoce que hubo un retraso en las pruebas médicas no se ha acreditado que un tratamiento más temprano hubiera evitado el fallecimiento del paciente
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha avalado la negativa de indemnizar a una mujer que reclamaba 85.000 euros por el daño moral derivado de la pérdida de oportunidad en el tratamiento médico de su esposo, fallecido el 9 de julio de 2023.
Diagnosticado de enfermedad intersticial difusa en 2022, el paciente fue derivado a Neumología, donde se le pautó un TACAR de tórax realizado en marzo de 2023, cuyos resultados mostraron progresión y hallazgos que obligaban a descartar un proceso neoplásico. En mayo de 2023 acudió a Urgencias por un cuadro constitucional y derrame pleural masivo, siendo diagnosticado mediante citología de adenocarcinoma de pulmón con carcinomatosis pleural. Tras confirmar el diagnóstico por PET, comenzó el tratamiento oncológico a finales de mayo, aunque un nuevo PET-TAC posterior reflejó una marcada progresión tumoral que impidió continuar con los ciclos, produciéndose el fallecimiento del paciente en julio de 2023. La esposa presentó en marzo de 2024 una solicitud de responsabilidad patrimonial que fue desestimada en febrero de 2025.
La parte recurrente fundamenta su reclamación en un informe pericial que señala la ausencia de asistencia sanitaria al paciente por sospecha de cáncer de pulmón entre el 3 de abril y su ingreso hospitalario el 15 de mayo de 2023. Añade que hubo un diagnóstico tardío y una pérdida de opciones terapéuticas -domiciliarias o ambulatorias- que hubieran evitado un sufrimiento innecesario tanto al enfermo como a su familia.
Aunque el tribunal reconoce que en los casos graves las pruebas médicas no deberían esperar a una cita presencial y que en este supuesto hubo un retraso, el recurso ha sido desestimado porque no se ha podido demostrar que un diagnóstico o un tratamiento más temprano hubieran evitado el fallecimiento del paciente. La propia familia admitió en la demanda que, debido a la gran agresividad del tumor, el desenlace mortal habría sido el mismo, y los informes médicos no aportan pruebas de que unas semanas antes se hubiera alterado el pronóstico o garantizado una supervivencia diferente. Ante la falta de esa relación directa y probada entre el retraso y el daño sufrido, exigida por la ley para la responsabilidad patrimonial, y al tratarse de una enfermedad con un diagnóstico irreversible, la reclamación no puede prosperar.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.