Hoy se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de La Rioja cinco personas acusadas de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Cuatro de ellas han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía, lo que ha permitido dictar una sentencia de conformidad. 

El Ministerio Fiscal ha retirado la acusación por pertenencia a grupo criminal y, en el caso de dos de los acusados, ha aplicado la atenuante de adicción a sustancias estupefacientes. Tras reconocer los hechos, los cuatro han aceptado penas de 1 año y 9 meses de prisión para cada uno, además de multas que oscilan entre los 25 y los 2.500 euros. 

Las penas de prisión han quedado suspendidas: durante dos años para dos de ellos y durante tres años para las otras dos acusadas. Esta suspensión queda condicionada a no delinquir durante el tiempo de la suspensión, al pago de las multas y, en el caso de quienes presentan adicción, a acreditar mediante informe forense que han abandonado el consumo de drogas. 

Seis acusados

Tras el acuerdo, los cuatro acusados han abandonado la sala de la Audiencia Provincial, mientras que el juicio ha continuado respecto a la quinta acusada. La vista se reanudará mañana con su declaración, la de un testigo y los informes finales de las partes. 

En este procedimiento también figuraba un sexto acusado, que falleció el pasado mes de enero. 

Los hechos relatados por el Fiscal en sus conclusiones provisionales se remontan a 2023 cuando una investigación policial permite identificar un sistema organizado de distribución de sustancias estupefacientes basado en la utilización de varios domicilios como puntos de venta. Desde estos lugares, los implicados abastecían de droga a consumidores, que acudían tras contactar previamente por teléfono. 

El modus operandi se caracterizaba por la realización de entregas rápidas, conocidas como “pases”, tanto en la vía pública como en vehículos, mediante encuentros previamente concertados. Estas transacciones se efectuaban en pocos segundos, con intercambio directo de droga por dinero, lo que dificultaba su detección. 

Asimismo, los investigados adoptaban medidas de vigilancia para evitar la acción policial, controlando el entorno desde los propios domicilios y utilizando el teléfono móvil para coordinar la llegada de los compradores. En ocasiones, realizaban desplazamientos sin rumbo aparente en vehículo como técnica de contravigilancia. 

La actividad se desarrollaba de forma coordinada entre varias personas, que se repartían funciones de suministro, entrega y control, atendiendo a consumidores habituales que adquirían pequeñas cantidades destinadas al consumo inmediato. 

En conjunto, se trata de un modelo de tráfico de drogas a pequeña escala basado en puntos de venta estables, entregas rápidas y mecanismos básicos de ocultación y vigilancia para dificultar la intervención policial.