La Rioja registra la tasa más baja de despidos por cada 100.000 habitantes en 2022
A pesar de este dato positivo respecto al resto de territorios, los despidos suben en nuestra comunidad autónoma un 10,2% al igual que los concursos que se han incrementado en un 43,1%
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- Comunicación Poder Judicial
La situación que reflejan los datos estadísticos referentes al año 2022 sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales riojanos se traduce en términos generales en un empeoramiento de estos índices respecto a los registrados en 2021. Aunque la tasa de despidos por cada 100.000 habitantes que, según el informe que acaba de hacer público el departamento de estadística del Consejo General del Poder Judicial, La Rioja es la comunidad autónoma que registra la tasa más baja con 149,1 despidos presentados por cada 100.000 habitantes.
También se han registrado más ingresos por reclamaciones de cantidad, suben los concursos, monitorios y los procedimientos por cláusulas abusivas, así como las ocupaciones ilegales de vivienda.
Durante 2022, se han presentado 477 demandas por despido, lo que supone un aumento del 10,2% respecto al año anterior. También han ingresado más demandas por reclamación de cantidad ante los Juzgados de lo Social que respecto a 2021 se ha registrado un aumento del 19,7%, alcanzando las 946.
Otros índices muestran también un empeoramiento respecto a 2021. Los concursos se han incrementan un 43,1%, pasando de 72 en 2021 a 103 el año pasado.
Las Ejecuciones Hipotecarias, sin embargo, bajan un 5,3% pasando de 171 a 162. Los Lanzamientos por Ejecución Hipotecaria descienden un 10,5% y los correspondientes a La Ley de Arrendamientos Urbanos registran un incremento del 7,2%.
En cuanto a los procedimientos por cláusulas sobre condiciones generales en contratos de financiación en los que se observaba una tendencia a la baja en 2019, en 2020 y 2021, durante el pasado año esta tendencia se rompe y en 2022 experimenta un aumento del 21,3%. En 2021 se presentaron 329 demandas frente a las 399 en 2022.
Los procedimientos iniciados por ocupación ilegal de vivienda suben de 11 en 2021 a 14 en 2022. Lo que se traduce en un incremento del 27,3%.