La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) manifiesta su comprensión ante la preocupación expresada por los decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores en relación a las posibles disfunciones detectadas en los Juzgados de Calahorra tras la implantación del Tribunal de Instancia. 

En este contexto, el presidente del TSJR, Javier Marca, considera necesario atender sus quejas y conocer de primera mano sus planteamientos, dada su condición de profesionales colaboradores de la Administración de Justicia y más próximos con los ciudadanos. 

Con este objetivo, se han mantenido diversas reuniones de trabajo: una primera con el Grupo de Implantación del Tribunal de Instancia el 28 de febrero, otra posterior con los vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 6 de marzo, y una última celebrada ayer en la sede del TSJR, en la que han participado el Presidente del TSJR, la Secretaria de Gobierno y los tres jueces destinados en el Tribunal de Instancia de Calahorra. 

Esta última reunión tiene lugar tras la decisión de los Jueces de Calahorra de suspender temporalmente algunos señalamientos de la jurisdicción civil, circunstancia que ha dado lugar a manifestaciones públicas en las que se califica la situación como de “colapso”. 

Suspensión de vistas

El TSJR aclara que la decisión de suspender vistas civiles responde exclusivamente a razones organizativas y de servicio, derivadas de la necesidad de atender la instrucción de diversas causas penales antiguas, -algunas especialmente complejas- y por la exigencia legal de resolver las causas civiles en un plazo razonable.

Estas decisiones de naturaleza jurisdiccional se adoptan tras la reciente decisión del CGPJ de no autorizar la continuidad del juez de refuerzo transversal. En este sentido el Servicio de Inspección del CGPJ, en informe de 13 de abril, informó desfavorablemente sobre el mantenimiento del refuerzo judicial al constatar que las 3 plazas judiciales de Calahorra “no presentan un excepcional retraso o acumulación de asuntos”.

El TSJR subraya que las suspensiones acordadas en materia civil, pese a que generan las naturales molestias a los profesionales y a los justiciables, no deben generar alarma, porque se trata de un número muy limitado (un total de 17 suspensiones, hasta el momento). Se trata de causas de limitada relevancia, en las que se ha procedido a su nuevo señalamiento en los meses de septiembre y octubre del presente año.

Hay que destacar que además del juez de refuerzo, las 3 plazas judiciales de Calahorra han contado durante 2025 con el apoyo de otra juez en fase de sustitución y refuerzo durante 7 meses, así como con medidas organizativas adicionales, entre ellas, la prolongación de jornada de 12 funcionarios acordadas por la Dirección General de Justicia del Gobierno de La Rioja. 

La pendencia más baja en los últimos años 

En el mismo informe del CGPJ se pone de manifiesto una reducción relevante del número de asuntos pendientes en Calahorra, que han pasado de 6.604 asuntos a finales de 2024 a 4.853 a finales de 2025, lo que supone un descenso de 1.751 asuntos (un 30%), y sitúa la pendencia en este Partido Judicial en los niveles más bajos de los últimos años. Estos datos, según recoge literalmente dicho informe, evidencia un “encomiable esfuerzo de los jueces y juezas del Partido Judicial de Calahorra”.

Esta menor pendencia se consigue pese al elevado volumen de entrada de asuntos, que en 2025 ascendió a 6.044, lo que representa un 135,71% respecto a los módulos fijados por el CGPJ en 2018. 

En consecuencia, el TSJR considera que calificar la situación de los Juzgados de Calahorra como de “colapso” o “coma judicial” no se ajusta a la realidad, ya que la implantación de los Tribunales de Instancia, las medidas de refuerzo adoptadas y el trabajo e implicación diaria de sus jueces, Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios han permitido reducir significativamente los asuntos pendientes. 

Desde el TSJR se hace un llamamiento a la colaboración leal de todos los interesados en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y prudencia en las manifestaciones públicas con el fin de evitar que se genere una alarma social que no resulta corroborada por los datos objetivos.