El Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha dictado auto de continuación de diligencias previas a procedimiento abreviado –finalización de la instrucción- contra 84 controladores aéreos por considerar que existen indicios suficientes para que los hechos ocurridos en los aeropuertos de Palma, Menorca e Ibiza en diciembre de 2010 pueden ser constitutivos de un delito de sedición.

El auto acuerda el sobreseimiento provisional contra dos personas, desestimando las peticiones de archivo de los investigados. Se da un plazo de diez días para que el Ministerio Fiscal y la Federación Hotelera de Mallorca, personada como acusación particular, soliciten la apertura de juicio oral o interesen el sobreseimiento, sin perjuicio de que puedan plantear diligencias complementarias.

El auto se dicta después de que este Juzgado dictara el archivo provisional de la causa, la Audiencia Provincial de Balears estimara los recursos de apelación del Ministerio Fiscal y la acusación particular y ordenara la práctica de nuevas diligencias. La resolución no es firme.

En diciembre de 2010, coincidiendo con el puente de la Constitución, los controlarores imputados no trabajaron (o bien no se incorporaron a sus turnos, o no cogieron el teléfono estando de guardia) presentando escritos en los que alegaban no estar en condiciones psicofísicas para desarrollarlo. Con la intención, según el auto, de paralizar el tráfico aéreo sin tener en cuenta la repercusiones que ello tendría.

Su actuación provocó retrasos en los vuelos, falta de información, cancelaciones y el sucesivo cierre de los sectores aéreos, al no estar los controladores en sus puestos de trabajo. Finalmente se declaró un RATE, cierre del tráfico aéreo, el 3 de diciembre por la tarde. El Gobierno decretó el estado de alarma el día 4 y el tráfico se reanudó unas horas después.