El Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha dictado hoy un auto en el que no admite a trámite la querella interpuesta por Cristóbal Pons Servera contra José Ramón Bauzá Díaz, presidente del Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears contra Martí Sansaloni Oliver, conseller de Salut, y contra César Vicente Sánchez, director general de Gestió Econòmica i Farmacia por delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, así como la ampliación de la querella interpuesta contra Lucia Matias Bermejo, secretària general de la Conselleria de Salut del Govern balear, por infidelidad en la custodia de documento y falsedad en documento público y prevaricación.

El auto no es firme y contra él cabe recurso de apelación ante  el mismo Juez.

La querella sostenía que los denunciados no habían convocado el concurso de méritos para la adjudicación de oficinas de farmacia por tener intereses personales en el sector. En el auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma justifica la inadmisión a trámite en la falta de tipicidad de los hechos denunciados, considerando la vía penal desproporcionada al haber además un procedimiento contencioso-administrativo en curso sobre esta cuestión.