La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha ordenado que se deduzca testimonio para que se investigue si en la ejecución de las obras del carril bici y peatonal de Son Servera a Cala Millor –Avenida Joan Servera Camps- Tramo I (Palma de Mallorca) se hubiera incurrido en un delito de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos o en otro tipo de infracción penal.

La decisión adoptada por el Tribunal Supremo, a petición de la Fiscalía, se apoya en la existencia en las actuaciones de declaraciones relativas a que “se ejecutaron obras no proyectadas y que se pactaron precios verbalmente al margen de los oficiales”.

Todo ello forma parte del fallo de la sentencia que desestima la demanda para la declaración de error judicial interpuesta por el Ayuntamiento de Son Servera contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que acordó que el citado Ayuntamiento abonara a la empresa Melchor Mascaró S.A. 348.588 euros más los intereses por las citadas obras.