La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo estima un recurso de casación interpuesto contra una sentencia que dictó la Sección Primera de la Audiencia Provincial en mayo de 2014.

El Supremo absuelve a dieciséis personas acusadas por delitos contra la salud pública, por hechos que ocurrieron en Ibiza, que la Audiencia había condenado. La sentencia señala que las grabaciones telefónicas realizadas son “ilegítimas por ausencia de un serio fundamento de indicios del posible delito”. Asimismo, "la ausencia de unos hechos probados susceptibles de ser puestos a cargo de los recurrentes y calificables como constitutivos de delito, que resulta de la sentencia de casación, obliga a dictar una absolutoria" para los condenados.

El ponente de la sentencia ha sido el magistrado Perfecto Andrés.