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El presidente del Tribunal Superior de Justicia Illes Balears (TSJIB), Antonio J. Terrasa García, presidió el día 27 de septiembre al acto de apertura del año judicial 2012-2013, acompañado por los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal
El acto se celebró en la Sala del Jurado del Palacio de Justicia. Participaron, en estrados, los presidentes de las Salas del TSJIB, Gabriel Fiol y Francisco Wilhelmi, de la Audiencia Provincial de Palma, Carlos Gómez, de las Secciones de la Audiencia, el resto de miembros de la Sala de Gobierno y magistrados del Tribunal Superior. También estuvieron presentes el Fiscal Superior, Bartomeu Barceló, la secretaria de Gobierno del TSJIB, Maria D. Capó, representantes de los Colegios profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, y de las abogacías del Estado, Comunidad Autónoma y Consell insular.
Entre los invitados, asistieron el president del Parlament de les Illes, Pere Rotger; la Delegada del Gobierno, Teresa Palmer; el comandante general de Balears, Adolfo Orozco López; la presidenta del Consell de Mallorca, María Salom; los consellers de Presidència y d’Administracions Públiques, Antoni Gómez y Simón Gornés, respectivamente; y la directora general d’Interior, Emergències i Justícia, Isabel Febrer Gelabert, entre otros.
En su discurso, el presidente del TSJIB se refirió a los datos de los órganos judiciales de las islas en el primer semestre de 2012, destacando la disminución de un 12 por ciento en el número de asuntos pendientes de resolver, respecto al mismo periodo del año anterior. Antonio Terrasa consideró “inaplazable una potenciación sustancial de las herramientas informáticas”. Destacó además las siguientes necesidades:
Afirmó que “a nuestro sistema judiciales le sigue faltando racionalidad organizativa y suficiente consenso político, para su estabilidad y consolidación, evitando cíclicas oscilaciones que lo someten a prueba inconvenientemente”
Para concluir, el presidente del TSJIB destacó que “los jueces de las islas mantendremos el esfuerzo, dedicación y el compromiso con los derechos, garantías y libertades de los ciudadanos, que nos corresponde preservar como autoridad independiente, sometida a la Constitución y las Leyes”.
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