La Comisión Judicial Provincial de Coordinación en materia de Violencia sobre la Mujer y Menores ha celebrado esta mañana su segunda reunión. El organismo está dirigido por el presidente de la Audiencia Provincial de Baleares, Diego Gómez-Reino, y está compuesto por representantes de diferentes instituciones con competencias en este tipo de delitos, entre las que figuran, además de la judicatura, Fiscalía, Delegación del Gobierno, Institut Balear de la Dona, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Colegio de Abogados y Procuradores de Baleares, Instituto de Medicina Legal, el Consell Insular de Mallorca y la Federación de Entidades Locales, entre otros.

En el encuentro celebrado hoy, presidido por el magistrado Diego Gómez-Reino, se han formado equipos de trabajo especializados en diferentes áreas para tratar las deficiencias detectadas por la Comisión. Uno de los grupos de trabajo que se han creado es de ámbito policial y está formado por representantes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local de Palma. El primer objetivo que se ha marcado este equipo es revisar los protocolos establecidos en materia de violencia contra la mujer a nivel policial para que puedan ser más eficaces.

Por otra parte, se ha formado otro grupo de trabajo vinculado al ámbito judicial, formado por representantes de la judicatura, de la Fiscalía, del Colegio de Abogados y Procuradores de Balears centrado en mejorar la asistencia jurídica a las víctimas. La Comisión ha detectado que hay pocos abogados del turno de oficio dedicados exclusivamente a los asuntos de violencia contra la mujer y menores en el servicio de guardia, por lo que se ha solicitado a la Delegación del Gobierno que se incremente el número de abogados que se dediquen a la asistencia jurídica de las víctimas de estos asuntos. Ante estas dificultades, los procuradores se han comprometido a acompañar e informar a las víctimas.

En relación al Instituto de Medicina Legal, la Comisión ha planteado a los médicos forenses revisar si los partes judiciales de asistencia médica cumplen los protocolos establecidos y trabajar para mejorar la información que se facilita a los órganos judiciales.

Los miembros de la Comisión han destacado la importancia de informar a la ciudadanía de los teléfonos de asistencia a las víctimas de violencia sobre la mujer y menores. Además de la necesidad de divulgar que estos teléfonos de asistencia pueden recibir de manera confidencial información de cualquier persona -no necesariamente víctima- que detecte una situación de riesgo.

La Comisión -que se creó el pasado mes de setiembre- es una iniciativa del Consejo General del Poder Judicial y tiene como objetivo analizar los errores detectados e intentar resolverlos.