El juez de Instrucción número 8 de Palma ha notificado hoy el auto de pase a procedimiento abreviado del denominado caso Mar Blau, en el que se investigan varios delitos contra la administración pública que habrían sido cometidos en varias adjudicaciones y actuaciones de altos cargos de la Autoridad Portuaria de Balears. Este auto supone la finalización de la instrucción, si bien cabe la posibilidad de solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.

El auto dispone que se continúe el procedimiento contra trece personas, entre los que están el que fuera presidente de la Autoridad Portuaria Francisco Triay Llopis, altos funcionarios de este organismo, y empresarios, entre ellos Gerardo Díaz Ferran. Se les imputan los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

Según el relato de hechos del auto, en la Autoridad Portuaria de Balears se llevaron a cabo una serie de actuaciones entre 2005 y 2008 que supusieron la alteración de los concursos de adjudicación de la gestión de puestos de amarre en el puerto de Maó. Asimismo, se facilitó información privilegiada a una empresa como adjudicataria de un concurso del puerto de la Sabina de Formentera. Todo ello, según el auto, a cambio de dádivas.El auto otorga un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que formulen escrito solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. La resolución no es firme y contra ella caben recurso ante el mismo Juez o ante la Audiencia provincial.