Los 130 jueces y magistrados de Balears han reducido en 2013 el número de casos pendientes (asuntos que están en tramitación) en un 10,14%, pasando de los 76.775 contabilizados en 2012 a los 68.990 del pasado ejercicio.

Así consta en la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades de 2013 que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears, Antonio J. Terrasa García, ha entregado a su homóloga en el Parlament de les Illes, Margalida Duran i Cladera, encumplimiento de lo previsto en el Estatut d’Autonomia.

Los datos generales de la comunidad reflejan un descenso en los casos registrados en los órganos judiciales del archipiélago, que pasan de 228.876 en 2012 a 218.768 el año pasado (-4,42%). Disminuye asimismo la capacidad resolutiva en un 4,42%.

A partir de estas cifras, la Memoria refleja que la capacidad resolutiva es mayor en las islas en la jurisdicción contenciosa-administrativa, mientras que la mayor ‘congestión’ (concepto que se obtiene del cociente entre los asuntos pendientes al inicio de la anualidad más los registrados y el número de casos resueltos) se encuentra en los juzgados de lo Social.

En una comparecencia ante los medios de comunicación tras entregar la memoria en sede parlamentaria, el presidente del TSJIB ha explicado las dificultades que atraviesan determinados órganos judiciales del archipiélago, como los juzgados de lo Contencioso-administrativo o los de lo Social.

Estos últimos, en el partido judicial de Palma (cuatro juzgados), han visto incrementar su cifra de asuntos en tramitación al acabar el año en un 10,09%.

En base a estos datos, Antonio Terrasa ha expuesto las necesidades de creación de nuevos órganos judiciales, en función de la carga anual (módulo) que prevé el Consejo General del Poder Judicial. Así, según figura en la Memoria, Balears necesita 13 nuevos magistrados para los siguientes destinos: uno para la Sala de lo Social del TSJIB; tres para las secciones penales de la Audiencia de Palma; cuatro para los juzgados de Primera Instancia (tres para Palma y uno para Eivissa); un magistrado para el Juzgado de lo Penal número 8 (ejecutorias penales); uno para los juzgados Contencioso-Administrativo; dos para los de lo Social de Palma y una nueva plaza para Mercantil.

A estas cifras habría que sumar, según ha detallado el presidente, los refuerzos para resolver situaciones coyunturales que están atravesando determinados órganos judiciales, como algunos juzgados de Instrucción de Palma o los citados de lo Contencioso-Administrativo. Algunos de estos refuerzos ya existen a fecha de hoy.

En Menorca, en el partido judicial de Maó, los tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción han reducido sus cifras de asuntos pendientes tanto en el orden civil como en el penal, circunstancia a la que ayuda el menor número de casos registrados. En Ciutadella, se registra asimismo una bajada de procedimientos de entrada. Sin embargo, aumenta la pendencia en sus dos juzgados en el ámbito penal.

En el caso de Eivissa, sus cuatro juzgados de Primera Instancia ven aumentar en un 10% los asuntos entraron en 2013. Aun así, aumenta la capacidad resolutoria y disminuye la pendencia. Su módulo de trabajo está por encima de lo establecido por el Consejo General del Poder Judicial. En cuanto a Instrucción, aumenta el número de casos pendientes al finalizar la anualidad.