Las XX Jornadas anuales de presidentes y presidentas de Tribunales Superiores de Justicia han finalizado este jueves en Palma de Mallorca con la aprobación del documento de conclusiones, encabezado por la siguiente declaración institucional:

“Ante episodios recientes que cuestionan la labor e independencia de los miembros del Poder Judicial, debemos apelar, una vez más, a la necesidad de respetar la labor jurisdiccional, al tiempo que rechazamos las descalificaciones personales y la atribución generalizada de motivaciones políticas a los integrantes del Poder Judicial”.

Los titulares de las presidencias de los TSJ también hacen referencia en el documento al tema que ha centrado las Jornadas: la próxima entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que supondrá la implantación de los tribunales de instancia.

Esta circunstancia, señalan, “requiere de las Administraciones una actuación coordinada que exige el acompasamiento y la cooperación interinstitucional de todas ellas. Pedimos al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas con competencias transferidas que trabajen cooperativamente y con lealtad institucional. Deben evitarse situaciones ya producidas de actuación unilateral y descoordinadas que impida al resto de Administraciones implicadas la posibilidad de trasladar oportunamente sus requerimientos y sugerencias”.

En relación con el incremento de competencias de los actuales Juzgados de Violencia sobre la Mujer que supondrá la ley, afirman que resulta “necesario e ineludible adecuar el número de jueces/as y magistrados/as destinados en esas secciones a ese aumento de trabajo, no solo por el mayor número de asuntos, sino también por la complejidad que comporta la instrucción de los procedimientos de algunos de los nuevos delitos competencia de estos juzgados”.