Los presidentes y presidentas de Tribunales Superiores de Justicia han clausurado hoy en Vigo la XVII edición de sus jornadas anuales, que comenzaron el pasado lunes, 23 de mayo. En solidaridad con La Palma, han acordado proponer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el encuentro del próximo año se celebre en esta isla. Los presidentes han abordado en Galicia diferentes cuestiones, de las que han destacado las siguientes once conclusiones: 

1. La renovación del CGPJ al cumplirse el período de su elección es un mandato constitucional desarrollado por la Ley Orgánica del Poder Judicial que no puede quedar al albur de la conveniencia de las fuerzas políticas. Resulta incomprensible en un Estado de derecho el flagrante incumplimiento de tales mandatos.
2. La limitación de las competencias del Consejo General del Poder Judicial, por imposición de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo al encontrarse en funciones, ha supuesto la privación de unas competencias constitucionalmente legítimas para efectuar el nombramiento regular de plazas de provisión discrecional. Una fórmula que al margen del debate de su discutible y discutida legitimidad constitucional ha venido a perjudicar gravemente el funcionamiento ordinario del gobierno del Poder Judicial.
3. La situación a la que hemos llegado pone de manifiesto la necesidad de proceder a una reforma del modelo de elección de los vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial de acuerdo con los estándares de la Unión Europea.
4. Reclamamos la necesidad de crear órganos judiciales colegiados en la primera instancia, dentro de cada orden jurisdiccional y especialización. El actual modelo de funcionamiento, basado en crear Juzgados o unidades judiciales independientes, separadas y numeradas, resulta totalmente ineficiente, disfuncional y alejado de los modelos de gestión modernos y más eficientes.
5. Consideramos imprescindible acometer la comarcalización de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer definiendo un ámbito territorial que comprenda varios partidos judiciales con grandes similitudes y cercanía geográfica para proporcionar una respuesta más especializada, coordinada y con mejores recursos a la mujer víctima de este tipo de delitos.
6. Reivindicamos la implantación de mecanismos alternativos/complementarios al judicial para la solución de conflictos. España continúa en su línea de país con una gran judicialización de los conflictos entre la ciudadanía, lo que origina una sobreutilización del proceso y sobrecarga innecesaria de los órganos judiciales.
7. El proceso penal debe ser reformado porque el modelo actual genera exasperante lentitud en múltiples de trámites, lo que ocasiona a la postre una gran insatisfacción entre los ciudadanos, entre los propios afectados por el proceso, incluso entre los propios jueces y fiscales.

La violencia sobre la mujer constituye una lacra social de nuestro tiempo; un lamentable catálogo de conductas sobre ella, que se despliega tanto sobre la vida, la integridad física y la libertad sexual. Se hace necesario, de una parte, desarrollar una actividad transversal y multisectorial, en la escuela, en la familia, en el entorno laboral, en todos los entornos de formación de jóvenes, de cara a su prevención; y, de otra, a considerar delitos de violencia contra la mujer todas aquellas conductas tipificadas en el Código Penal que supongan ataques contra los bienes jurídicos de la mujer, por el mero hecho de serlo.

8. Asistimos con enorme preocupación al aumento de delitos de naturaleza sexual en los que las víctimas son menores de edad, por hechos que se producen incluso en su propio entorno familiar y, sobre todo, en menores que forman partes de familias desestructuradas o presentan algún tipo de discapacidad.
9. Llamamos la atención sobre el apremiante problema de la insuficiencia del número de jueces y magistrados y de la falta de convocatoria de un número suficiente de plazas judiciales en los procedimientos de selección de miembros de la Carrera Judicial.
10. Constatamos con enorme preocupación el incremento progresivo de las vacantes judiciales en Cataluña, que reclama con urgencia la aprobación de un complemento retributivo, ya reconocido en otros territorios, que incentive los destinos judiciales en esa Comunidad.
11. Urge un incremento sostenido y planificado de la plantilla judicial de la Carrera Judicial, que además permita a sus integrantes hacer frente a una carga razonable de trabajo y respeto a los derechos de conciliación personal, laboral y familiar. Propugnamos homologar la plantilla judicial española a la de otros países de la Unión Europea en cuanto al número de Jueces.