La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha notificado hoy un auto en el que se acuerda prorrogar la situación de prisión provisional para los padres de Asunta, la menor hallada muerta en Santiago, por un plazo máximo de dos años.
Para justificar su decisión, el presidente del Tribunal del Jurado sostiene que si bien es cierto que el riesgo de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva es casi inexistente, no puede decirse lo mismo del riesgo de fuga, que considera elevado. “Las razones para apreciar ese alto riesgo de fuga –se indica en el auto- no se basan únicamente en la gravedad del delito del que son acusados y lo elevado de la pena que se solicita para ambos, sino también por la proximidad de la fecha de celebración del juicio, que está señalado para el próximo 29 de septiembre”. En este sentido, el juez señala que si bien la celebración de la vista oral ha tenido que ser suspendida en una ocasión, las probabilidades de que se vuelva a posponer son “realmente escasas”.

El presidente del tribunal entiende que no concurre en el presente caso una situación de arraigo que minimice el riesgo de fuga de los acusados. “Tanto desde el punto de vista familiar, como el laboral, como debido a la trascendencia mediática del caso, es evidente que la vida en una ciudad relativamente pequeña como Santiago de Compostela sería prácticamente imposible para los acusados en condiciones de normalidad, al menos, hasta que se celebre el juicio, tal y como han reconocido las propias defensas en el acto de la comparecencia. Esa falta de vínculos familiares, esas dificultades para volver a vivir en su ciudad, en definitiva, esa falta de arraigo es otro factor que incrementa el riesgo de fuga”, afirma en la resolución judicial hecha pública hoy.

En relación a la alegación de las defensas sobre la existencia de dilaciones indebidas, sostiene el magistrado que “están en su derecho de usar todos los instrumentos legales que están a su disposición, pero también han de ser conscientes de que ello conlleva demoras derivadas de la necesidad del respeto a los plazos procesales”.