Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
Utilizamos cookies propias y de terceros únicamente para realizar mediciones y análisis estadísticos de la navegación por las diferentes secciones de la página web con la finalidad de mejorar el contenido que ofrecemos. Al hacer click en 'Aceptar todas las cookies', consiente que todas las cookies se guarden en su dispositivo. Para configurarlas o rechazar su uso haga click en el botón 'Configurar Cookies'.
Para más información consulte nuestra política de cookies
Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
Los cuatro ponentes han coincidido en el “escaso interés que la Justicia ha suscitado para los diferentes gobiernos de España”. El vocal Álvaro Cuesta ha llamado la atención sobre lo que considera las cinco necesidades básicas de la Justicia y de los profesionales de la carrera judicial
Representantes de las cuatro asociaciones judiciales participaron hoy en la mesa redonda ¿Qué reivindican los jueces españoles?, con la que se ha clausurado el primer curso de la Escuela de Verano del Poder Judicial, que se celebra en el pazo de Mariñán. Los cuatro intervinientes han estado de acuerdo en destacar “el escaso interés que la Justicia ha suscitado para los diferentes gobiernos de España”.
Álvaro Cuesta, miembro de la Comisión Permanente del CGPJ, ha sido el encargado de moderar la mesa redonda. El vocal ha llamado la atención sobre lo que considera las cinco necesidades básicas de la Justicia y de los profesionales de la carrera judicial. En primer lugar ha solicitado a las nuevas Cámaras que aprueben un Plan Estratégico de la Justicia que la sitúe como un servicio público prioritario, además de reclamar un nuevo mapa territorial. El vocal, para quien “es preciso repensar el modelo constitucional del Consejo General del Poder Judicial”, ha afirmado que hace falta un acuerdo entre el propio CGPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas para el avance de la “administración electrónica”.
Ha reclamado también la creación de nuevas plazas –alrededor de 20, ha precisado- en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, así como el refuerzo de los Juzgados de Primera Instancia, Social y Mercantil. Finalmente, ha insistido en la necesidad de que se potencie “una auténtica carrera profesional de los jueces y magistrados”.
El representante de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez Padrón, tras reflexionar sobre las necesidades de la Justicia en España, ha concluido que “es una campo de intrascendencia política”, al no encontrarse la Justicia entre las cuestiones que los ciudadanos, según las encuestas, consideran problemáticas.
Marcelino Sexmero Iglesias, de la Asociación Francisco de Vitoria, ha afirmado que “ningún Gobierno ni partido político en los últimos 30 años ha tenido el más mínimo interés en construir un modelo de Justicia claro ni un órgano de gobierno del poder judicial independiente”. “La política judicial de todos los gobiernos es la crónica de una ilusión perdida”, ha dicho.
Intervino a continuación el representante de la Asociación Jueces para la Democracia, Francisco Javier Menéndez Estébanez, quien ha demandado nuevos planteamientos para mejorar la situación de los jueces. "La evolución de la Justicia en España sigue siendo negativa y preocupante por la falta de la aportación de medios e ideas para planificar el futuro y el presente”, ha declarado.
Finalmente, Conrado Gallardo Correo, de Foro Judicial Independiente, ha sostenido que “la Justicia es más fiable si se ejerce colegiadamente”. No obstante, la puntualizado que “la implantación de un modelo colegiado conlleva peligros de disminución de la independencia real de los jueces, por lo que es necesario garantizar los principios de inamovilidad y juez predeterminado por la ley, lo que hace imprescindible que su presidencia y órgano de gobierno sean elegidos por los miembros del propio tribunal”.