Los concursos presentados en los órganos judiciales gallegos registraron en el segundo trimestre de 2023 un aumento del 114 % respecto a abril y junio de 2022. En total, en la comunidad se solicitaron 550 concursos, de los cuales la gran mayoría -444- corresponden a personas naturales sin actividad empresarial, es decir, particulares con deudas. Este tipo de concurso incrementó en el periodo estudiado un 273 %, según los datos estadísticos hechos públicos hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras que los de personas jurídicas -empresas- subieron un 12,5%, pues sumaron 81. Los únicos que descendieron -un 62 %- fueron los de personas naturales empresarias, pues se presentaron 25, frente a los 66 del mismo periodo de 2022. 

Lanzamientos 

Los juzgados gallegos practicaron en el segundo trimestre de este año 349 lanzamientos, un 23,8 % menos que en 2022. De ellos, 275, el 78,8 %, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impagos de alquiler, los cuales descendieron un 27 %. Otros 60 correspondieron a ejecuciones hipotecarias -un 19 % menos que en 2022- y, los 14 restantes, derivaron de otras causas. 

En Galicia, en el periodo estudiado, se practicaron, por cada 100.000 habitantes, 10,2 lanzamientos derivados de la LAU, lo que la sitúa en la quinta comunidad con la tasa más alta del Estado, por detrás de Cataluña (20,5), Islas Baleares (18,7), Canarias (17,8) y Comunidad Valenciana (15,4). Además, por cada 100.000 habitantes se practicaron 2,2 ejecuciones hipotecarias. 

En el conjunto del Estado, los lanzamientos practicados entre abril y junio disminuyeron un 32,6 % respecto a las mismas fechas de 2022, según se desprende del informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, hecho público hoy por la Sección de Estadística del CGPJ. 

Ejecuciones hipotecarias 

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la comunidad en el segundo trimestre del año aumentó un 31 % con respecto al mismo periodo de 2022. En el periodo estudiado se presentaron 203 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor, frente a los 155 del año anterior. 

Cláusulas suelo 

Entre abril y junio de 2023 los juzgados ingresaron 1.800 acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas suelo), lo que supone un aumento interanual de un 42,7 %. Además, se dictaron 1.657 sentencias, un 2,2 % más que en el mismo periodo de 2022, de las cuales el 98,6 % fueron estimatorias. 

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas 

El estudio también refleja que en el periodo estudiado los juzgados gallegos ingresaron 33 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, un 6,5 % más que en las mismas fechas de 2022. Poniendo en relación el número de procedimientos ingresados con la población, en Galicia se registraron 1,2 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media estatal se situó en 1,7. 

Demandas por despido y reclamación de cantidad 

En el segundo trimestre de 2023, se registraron en los juzgados de lo Social 1.720 demandas por despido, cifra que muestra un incremento del 31 % respecto a las presentadas el año anterior. El número de demandas por reclamaciones de cantidad interpuestas en los juzgados de lo Social, 2.913, fue un 48 % superior a las registradas en el mismo periodo de 2022.

ERE 

Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), entre abril y junio de 2023 se presentaron 8, los mismos que en el mismo periodo del año anterior. 

Monitorios 

El estudio, además, muestra un descenso de los procedimientos monitorios presentados entre abril y junio de 2023 en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción. En Galicia se interpusieron 16.888, frente a los 10.213 del año anterior, lo que supuso un incremento interanual del 65,4 %. Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. 

Para más información: 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/