La Comisión de Seguimiento de la crisis sanitaria COVID-19 del TSXG acordó, en la reunión mantenida ayer, que el cierre de órganos judiciales solo procederá por acuerdo de la autoridad sanitaria competente, que en el estado de alarma corresponde a la Delegación del Gobierno. En caso de tener conocimiento de alguna situación de riesgo, el Tribunal Superior de Xustiza se lo comunicará de forma inmediata a este organismo para que proceda al estudio de la situación.

En la reunión por videoconferencia celebrada ayer, se puso de manifiesto que, por el momento, ni al TSXG ni a la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta les constan casos positivos confirmados entre jueces/zas, fiscales/as, letrados/as de la Administración de Justicia o funcionarios/as, por lo que no existe razón alguna para el cierre de ningún juzgado.

No obstante, por parte de la Dirección Xeral de Xustiza se comunicó que están estudiando la posibilidad de adaptar los servicios mínimos a las circunstancias actuales para tratar de reducir aún más el número de funcionarios/as que deben acudir de forma presencial a su puesto de trabajo. El objetivo es movilizar al menor número posible de trabajadores/as, pero siempre garantizando que los casos urgentes puedan ser atendidos y evitar perjuicios irreparables a la ciudadanía.

Sobre las demandas de juzgados y tribunales en relación a material como guantes, mascarillas y gel desinfectante, por parte de la Xunta se recordó que en estos momentos la atención a los centros sanitarios y de personas en especial situación de vulnerabilidad, como ancianos, es prioritaria. En todo caso, desde el TSXG se acordó estar en contacto con la Delegación del Gobierno, quien controla la distribución de material, para que en cuanto sea posible, y respetando los criterios de prioridad establecidos, se tengan en cuenta las necesidades de los juzgados de guardia.