El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, ha destacado en el acto de apertura del año judicial en la comunidad la necesidad de acercar la Justicia a la juventud para que entienda su funcionamiento y mejorar así la imagen que tiene de este poder del Estado. A través del programa Educar en Justicia, promovido por el Consejo General del Poder Judicial, miles de alumnos de ESO y Bachillerato de institutos gallegos podrán visitar este curso escolar las sedes judiciales y asistir a juicios.

Díaz-Castroverde ha apostado por la educación como base para reducir la delincuencia juvenil. En este sentido, ha recordado que en lo que va de año 550 menores han sido condenados en Galicia por cometer algún delito. Son ya más que en todo el año pasado, cuando se registraron 448. De estos 550, 20 lo fueron por cometer algún delito a través de las redes sociales: amenazas, delitos contra la intimidad, integridad moral, trato degradante o tenencia de pornografía.

El presidente ha mostrado también su preocupación por la violencia cometida por menores. Los cuatro juzgados específicos de la comunidad han recibido en lo que va de año 70 expedientes contra menores investigados por delitos de violencia doméstica o violencia contra la mujer. “Son cifras que no nos podemos permitir y tengo la certeza de que solo hay un camino para acabar con este grave problema social: la educación y el trabajo conjunto de las instituciones implicadas”, ha afirmado Díaz-Castroverde.

El presidente ha mencionado en su discurso la sobrecarga de los juzgados de lo Social y de los especializados en cláusulas abusivas. Así, ha destacado que el año pasado los órganos en los que se dirimen asuntos laborales resolvieron, de media, 850 asuntos, cuando la carga máxima de trabajo que deben afrontar, según los módulos que establece el propio CGPJ, es de 800. El año pasado, estos órganos recibieron en Galicia 30.219 casos, una media de 934 asuntos por juzgado. Díaz-Castroverde ha destacado la puesta en marcha este año de dos nuevos juzgados de lo Social, en Santiago y Vigo, ciudades donde ya se contaba con refuerzos en esta jurisdicción, al igual que en A Coruña y Lugo.

En cuanto a los juzgados especializados de cláusulas abusivas, el presidente ha señalado que desde su puesta en marcha, en julio de 2017, hasta junio de este año recibieron 14.500 asuntos. A pesar de que los jueces y juezas destinados a estos órganos lograron en el segundo trimestre de este año una tasa de resolución muy por encima de la media estatal, la mitad de estos asuntos sigue sin resolverse. Díaz-Castroverde se ha comprometido a “buscar todos los mecanismos posibles para que los miles de ciudadanos que esperan una respuesta la tengan lo antes posible”, al tiempo que ha subrayado que la agilización de los tiempos de la Justicia es uno de sus retos.

El presidente ha apuntado que “la tendencia a la baja” en la presentación de demandas de cláusulas abusivas, unido al esfuerzo de la judicatura, previsiblemente aliviará la sobrecarga que sufren estos juzgados. Esa tendencia también se refleja en la jurisdicción penal, en la que el año pasado entraron 141.757 asuntos, un 10,3 % menos que en 2017, según los datos de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. En total, los órganos judiciales de Galicia ingresaron el año pasado 302.278 nuevos casos, frente a los 319.765 de 2017, lo que supone una bajada interanual del 5,5 %.

La implicación de los miembros de la carrera judicial en la lucha contra la violencia sobre la mujer es otro de los objetivos expuestos en el acto de apertura. Los juzgados gallegos recibieron el año pasado 6.537 denuncias por violencia de género, lo que supone un 1,6 % más con respecto al año anterior, cuando se presentaron 6.436. El número de órdenes y medidas de protección solicitadas en 2018 en los órganos de la comunidad fue de 2.021 (un 4,8 % más que el año anterior), de las que se adoptaron 1.357.

Discurso del fiscal superior

El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, ha realizado un repaso de los principales indicadores de la última Memoria de la Fiscalía, correspondiente al año 2018, en el que se tramitaron en los juzgados gallegos un total de 132.000 asuntos de carácter penal, un 7,26 % menos que en el año anterior. Ha destacado el descenso de los delitos contra el patrimonio en más de un 6%, y contra la integridad física en un 14%, mientras se incrementaron los delitos contra la libertad sexual en un 20% al pasar de 1.044 casos en 2017 a 1.225 el pasado ejercicio. En lo que se refiere a la violencia machista, aumentaron el 1,5% las denuncias formuladas y en un 5,6% las órdenes de protección. Suanzes se ha manifestado especialmente preocupado por los episodios de violencia machista entre menores, con 40 casos en 2018 frente a los 20 del año anterior.

El fiscal superior también ha puesto el foco sobre otros aspectos de la realidad criminológica que, a su juicio, requieren una atención singular debido al impacto social que provocan, como es el caso de la siniestralidad laboral, que el pasado 2018 causó 56 muertes en Galicia, un 14,2% más que en 2017. También se incrementó la ciberdelincuencia, a la que se está trasladando la actividad delictiva común, especialmente las estafas, además de servir de caldo de cultivo para los delitos de odio, que aumentaron en un 18% en el conjunto del Estado, según datos de la Fiscalía General.

Discurso del vocal del Consejo General del Poder Judicial

El vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Manuel Martínez, primero en intervenir en la apertura, ha abogado por un nuevo modelo organizativo territorial que “mantenga la presencia judicial en el mundo rural y en las poblaciones más pequeñas” como “elemento imprescindible para la estructuración del Estado”.

Martínez ha destacado que la “labor fundamental de los tribunales es ayudar a la pacificación social mediante la aplicación racional, serena, ponderada y predictible de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”. Para el vocal, esto debe hacerse en plazos razonables de respuesta, “porque el derecho a una Justicia pronta, sin dilaciones indebidas, forma parte del núcleo esencial de derechos que integran la tutela judicial efectiva”.