El presidente del Tribunal Superior de Galicia, Miguel Ángel Cadenas Sobreira, ha destacado hoy en la apertura del año judicial en Galicia la necesidad de recordar “que solo desde el respeto a la ley y desde su cumplimiento es posible una convivencia democrática”.

En su discurso, el presidente del alto tribunal gallego ha defendido que es “inherente a un Estado de derecho un poder judicial con medios suficientes y oportunos para dar tutela efectiva en el mundo actual”, donde los jueces tienen por función “aplicar la ley y hacerla cumplir”.

Para Cadenas, “resulta incoherente que un poder del Estado y un valor constitucional se vean lastrados por carencias o deficiencias organizativas, estructurales o de medios, empezando por el número oportuno de jueces profesionales”. El presidente del TSXG ha insistido en la necesidad de una reforma de la estructura organizativa judicial hacia una colegiación de los órganos jurisdiccionales unipersonales. Ha afirmado también, como ya se dijo en la última reunión de presidentes de los TSJ de España, que “debe replantearse la actual distribución territorial de órganos judiciales, para ajustarla a una realidad en la que la proximidad física de los juzgados a los ciudadanos ya no puede ser el criterio fundamental de planificación”.

El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, ha presentado, como es tradicional en el acto de apertura del año judicial, los datos más significativos de la Memoria de la Fiscalía, en este caso la correspondiente al año 2016. Ha señalado que las últimas reformas realizadas para agilizar la Justicia supusieron la incoación de un 31 % menos de procedimientos en los juzgados,  así como una  caída del 43 % en lo que se refiere a finalizaciones anticipadas. Al mismo tiempo, se incrementaron en un 28 % las sentencias dictadas y en un 10 % las calificaciones fiscales, lo que indica, a juicio de Suanzes, que la liberación de recursos ha ayudado a mejorar la eficiencia tanto de órganos judiciales como de fiscalías.

No obstante, ha señalado que es necesario continuar avanzando en las reformas para la agilización de la Justicia con el objetivo de conseguir un proceso penal más rápido que acabe con la excesiva duración de muchas instrucciones. En este sentido, ha defendido la figura del fiscal investigador dentro “de un nuevo sistema penal más ajustado al modelo que opera en la mayor parte de los países de nuestro entorno”. Ha finalizado  defendiendo el proceso de modernización tecnológica de la Justicia, instando a los operadores jurídicos la que, pese a las disfunciones existentes, “identifiquen este proceso sin marcha atrás como una oportunidad y no como un problema”.