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José Ramón Navarro ha destacado la “importancia en la rapidez con que llega la sanción” y el ser capaces de “transmitir la certeza de que los corruptos no van a poder eludir la acción de la justicia”
El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ha apostado por políticas preventivas en la lucha contra la corrupción en su intervención en la Escuela de Verano del Poder Judicial, que se celebra en el pazo de Mariñán. “La corrupción no se puede combatir exclusivamente con el derecho penal, sino que este debe ir precedido y acompañado de medidas preventivas, tanto sociales como legales: transparencia, controles eficaces y mecanismos de dación de cuentas”, ha afirmado el magistrado, quien no obstante ha querido dejar claro que “sí es una herramienta necesaria e incluso imprescindible en la lucha contra los fenómenos de corrupción”.
Para Navarro, “el incremento de las penas no es la solución para luchar contra la corrupción”. Ha destacado la “importancia en la rapidez con que llega la sanción” y el ser capaces de “transmitir la certeza de que los corruptos no van a poder eludir la acción de la justicia”.
El presidente de la Audiencia Nacional ha reclamado también “una definición clara y definitiva” en la Ley Orgánica del Poder Judicial de las competencias de este órgano en lo relativo a los casos de corrupción. Ha insistido también en la necesidad de una “nueva y duradera” Ley de Enjuiciamiento Criminal, pactada por todos los grupos políticos, ya que considera que tras las múltiples modificaciones que ha sufrido, la actual Lecrim es en algunos puntos “incoherente e inconexa”.
En la Escuela de Verano también ha participado hoy el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, la magistrada Mercé Caso y el abogado José Antonio Choclán, quienes han participado en la mesa redonda ¿A quién beneficia el abandono o la precariedad de medios del servicio público de la Justicia?
El vocal Juan Manuel Fernández, director académico de la Escuela, ha querido aprovechar su presencia en esta mesa redonda para condenar el ataque con cócteles incendiarios registrado en los juzgados de Betanzos. “Las dependencias desde donde se imparte justicia deben ser un lugar de resolución de conflictos, de convivencia y de pacificación. No hay razón que justifique la barbarie, la sinrazón y el uso de la violencia”, ha declarado.