Los juzgados de lo social de A Coruña continuarán reforzados hasta, al menos, el próximo 31 de octubre. Así lo ha decretado la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha aprobado el mantenimiento hasta esa fecha de las dos comisiones de servicio, con relevación de funciones, a favor de la magistrada Ana María Souto González, titular del Juzgado de lo Social número 4 de Santiago, y de Javier López Cotelo, titular del Juzgado de lo Social número 1 de Lugo. 

A pesar de la entrada en funcionamiento, el pasado 31 de marzo, de un nuevo juzgado de lo social, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) solicitó, ya en septiembre de 2020, la continuación de los dos refuerzos debido a la alta pendencia que presentan algunos de los órganos de la jurisdicción social de A Coruña. El presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, asegura que es “una satisfacción” que el CGPJ haya acogido la demanda. “Tanto para mí como para la Sala de Gobierno, la situación de los juzgados de lo social es una prioridad y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para tratar que mejore”, destaca el presidente. 

Los dos magistrados deberán señalar y finalizar un centenar de asuntos al mes, preferentemente de despidos y causas urgentes, según los objetivos establecidos por la Sala de Gobierno del TSXG y avalados por el CGPJ, quien resalta que se adecúan al plan de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19 aprobado este mes por el Gobierno. 

La carga de trabajo media de los juzgados de lo social de A Coruña, según el informe elaborado por el servicio de inspección del CGPJ, ha superado ampliamente el indicador de entrada en todos los periodos analizados, alcanzando el 157 % en 2019; el 142 %, en 2020; y el 143 %, en el primer trimestre de 2021. Por otra parte, el rendimiento medio de estos órganos fue del 144 % en 2019; del 129%, en 2020; y del 171 %, en el primer trimestre de 2021. 

El nivel de pendencia medio de los órganos a reforzar se situó, a 31 de marzo de 2021, en 1.651 asuntos, un 8,7 % menos que a 30 de septiembre de 2020, cuando contaban con 1.809 procedimientos en trámite. El CGPJ considera “imprescindible” mantener los refuerzos debido “al elevado nivel de pendencia” que arrastra la mayoría de los juzgados de lo social de A Coruña, que “debe ser reducido hasta alcanzar cifras razonables, próximas a la media nacional”, que es de 932 casos. Esta elevada pendencia, según el servicio de inspección del CGPJ, está vinculada “a la considerable carga de trabajo que han venido soportando durante muchos años”. El tiempo medio de respuesta, a finales del primer trimestre de este año, fue de 15,2 meses, superior a la media estatal, que se estableció en 9,6 meses. 

No obstante, según el informe, estas medidas han permitido que, por primera vez, en el primer trimestre de 2021 el rendimiento de estos juzgados haya logrado absorber la entrada con una tasa de resolución media de un 1,3 y reducir ligeramente la pendencia. Esto quiere decir que se han resuelto más casos de los que se han ingresado. “Hay que tener en cuenta que la declaración del estado de alarma provocó la práctica paralización de la actividad judicial por un período de casi tres meses, lo que ha supuesto un mayor incremento de la pendencia existente, además del aumento de asuntos que puede esperarse en el orden jurisdiccional social”, advierte el CGPJ.  

Estos órganos también están reforzados en A Coruña con una letrada de la Administración de Justicia y un equipo de funcionarios formado por tres gestores, dos tramitadores y un funcionario de auxilio. Además, cuentan con cuatro funcionarios de otros juzgados en prolongación de jornada.