A Coruña, 30 de diciembre de 2021.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer renovar la medida de apoyo para reforzar el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ourense, especializado en derecho de familia, determinación de la capacidad e internamientos. En concreto, ha dado el visto bueno a la renovación de la comisión de servicio sin relevación de funciones a favor de Luis Doval Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense.

La medida de apoyo se ha establecido, al menos, hasta el próximo 30 de junio. Este magistrado se hará cargo de la mitad de los internamientos no voluntarios, urgentes y residenciales, así como de los expedientes con números terminados en 1, 2, 3 y 4, pues la titular del órgano asumirá la tramitación de los seis números restantes.

Para tomar esta decisión, la Comisión Permanente ha tenido en cuenta la evolución y el estado del órgano a reforzar. La dedicación media del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ourense fue muy superior al módulo establecido en todos los períodos analizados: 204 %, en 2019; 183 %, en 2020; y 284 %, en los nueve primeros meses de 2021. Entre enero y septiembre el juzgado ingresó 1.722 procedimientos y resolvió 1.831, un 43,2 % más que en el mismo periodo de 2020, lo que pone de manifiesto el gran esfuerzo realizado por todo el personal.

Los asuntos en trámite al finalizar el tercer trimestre de este año ascendieron a 1.019, un 32,4 % menos que en las mismas fechas de 2020, a pesar de que en ese periodo el órgano ingresó un 19,5 % más de procedimientos que el año anterior. No obstante, la pendencia (1.019) es muy superior a la media de los órganos con igual especialización de Galicia, que se situó en 692, y del Estado, que fue 552.

El informe del Servicio de Inspección del CGPJ también refleja que la entrada de asuntos ha superado el indicador en estos últimos años, alcanzando un 141 %, en 2019; un 137 %, en 2020; y un 154 %, en los nueve primeros meses de 2021. A 30 de septiembre de este año, el tiempo medio de respuesta era de 4,45 meses, superior a las correspondientes medias de los juzgados de igual especialización de la comunidad autónoma (4 meses) y estatal (4,1 meses).

Además, en el documento, advierte de que es “muy numeroso” el volumen de internamientos de larga duración que están sujetos a control y seguimiento por parte del juzgado: 1.744. El Servicio de Inspección del CGPJ también incide en el gran volumen de expedientes de tutelas, curatelas y demás instituciones de apoyo a personas con discapacidad, pues a 30 de septiembre se registraron 880, un 27 % más que a 31 de diciembre de 2020.