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Los juzgados gallegos recibieron en el segundo trimestre del año 1.725 denuncias por violencia machista, un 3% menos que en 2017. La tasa de 11,50 víctimas por cada 10.000 mujeres es de las más bajas del conjunto del Estado, en donde se registra una media de 16,89. Aumentaron un 37,6 % los casos de víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar
El informe hecho público hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género refleja que el 88 % de las personas enjuiciadas en Galicia por delitos relacionados con violencia de género entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año fueron condenadas. Este dato sitúa a la comunidad por encima de la media estatal, que es del 85 %. El cien por cien de los enjuiciados por este tipo de delitos en las audiencias provinciales gallegas fue condenado, frente al 71,15 % de las personas juzgadas en los órganos penales. Solo Navarra y Extremadura tienen un porcentaje mayor de condenas entre los enjuiciados en los juzgados de lo Penal, un 79,4 % y un 75,4 %, respectivamente.
Los juzgados gallegos recibieron en el segundo trimestre del año 1.725 denuncias por violencia contra la mujer, un 3 % menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se presentaron 1.780. La gran mayoría de las denuncias (1.217) llegaron a los juzgados a través de atestados policiales con denuncia de la perjudicada.
El número de mujeres que aparecen como víctimas registra un leve descenso, pues pasó de 1.640 entre abril y junio del año pasado a las 1.611 de este año, lo que supone una disminución del 1,8 %. Según los datos estadísticos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en Galicia aumentaron un 37,6 % los casos de víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar. Si en el segundo trimestre de 2017 optaron por esta opción 85 mujeres, este año lo hicieron 117, es decir, el 6,8 % de las víctimas.
Galicia, con 11,50 personas, sigue teniendo una tasa de violencia de género (mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres) por debajo de la media estatal (16,89), solo por encima de Castilla y León y Extremadura. Durante el segundo trimestre del año se solicitaron 482 órdenes de protección y medidas de protección y seguridad de las víctimas, mientras que en 2017 se pidieron 477, lo que supone un ligero incremento (1 %). De las 482 incoadas se adoptaron 303, el 63 %.
Puede consultar los datos en este enlace: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/