Los juzgados gallegos practicaron en el tercer trimestre del año 445 lanzamientos, de los que 362, el 81,3 %, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impagos de alquiler. Otros 75 correspondieron a ejecuciones hipotecarias; y los 8 restantes derivaron de otras causas. En comparación con el mismo periodo del año pasado, el número de lanzamientos en la comunidad experimentó un aumento del 7,2 por ciento, al pasar de 415 a 445. En el conjunto del Estado, los lanzamientos descendieron un 11,9 %, según se desprende del informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, hecho público hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en Galicia en el tercer trimestre del año descendió un 54,2 % con respecto a 2018. Entre julio y septiembre de 2019 se presentaron 138 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor, frente a las 301 del año anterior. En el conjunto del Estado se presentaron 3.470, lo que supone un descenso interanual del 45,1 %.

El estudio también refleja que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año los juzgados gallegos ingresaron 34 demandas, de las que han resuelto 25, por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

El informe presentado hoy también incluye datos de los concursos presentados en los juzgados de lo mercantil, que ascienden. De los 53 registrados en el tercer trimestre de 2018, se ha pasado a 70 este año, lo que supone una subida del 32,1 %. Con respecto a los concursos de las personas naturales no empresarias, que desde la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró en vigor el 1 de octubre de 2015 corresponden a los juzgados de primera instancia e instrucción, se presentaron en Galicia, entre julio y septiembre, 50 casos, frente a los 39 del mismo periodo del año pasado (un 28,2 % más).

En cuanto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (EREs), en la comunidad gallega se contabilizaron en el tercer trimestre del año nueve, un 28,6 % más que en 2018, cuando se registraron siete.

En los juzgados de lo social, según el informe de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, se interpusieron 1.448 demandas por despido, lo que supone un aumento interanual del 17,7 %, pues el año pasado se registraron 1.230.

El estudio, además, refleja un incremento de los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre del año en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción. En Galicia se interpusieron 7.596, frente a los 6.666 del año pasado, lo que supone una subida interanual del 14 %.

Para más información:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/