La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a petición de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ha aprobado, al menos durante seis meses, una medida de refuerzo para los cinco juzgados de primera instancia de Lugo, consistente en la adscripción en régimen de comisión de servicio, con relevación de funciones, de la magistrada Cristina Sánchez Neira, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas de Reis. 

La jueza asumirá la celebración de vistas de las cinco unidades de esa jurisdicción, alternando por semanas las fijadas en cada uno de los órganos, y se hará cargo de al menos dos días de señalamientos a la semana de cada una de las unidades. De esta manera, celebrará, como mínimo, cinco vistas por día -tres de procedimientos ordinarios y dos de juicios verbales, excluidas las materias de familia y capacidad-. Por tanto, deberá celebrar al menos 126 vistas al trimestre. 

Los datos de pendencia, según el CGPJ, “evidencian la necesidad” de adoptar la medida de refuerzo. En los últimos cinco años los juzgados de primera instancia de Lugo han tenido una media de entrada de asuntos que supera en prácticamente el 130 % el módulo fijado por el CGPJ, que es de 1.200 casos al año. A finales del primer trimestre de 2021, la carga de trabajo del número 1 sobrepasaba un 150 % el indicador; la del 2, un 235 %; la del 3, un 140 %; la del 4, un 159 %; y, la del 5, un 156 %. A 31 de marzo de 2021, estas unidades tenían 4.011 asuntos en trámite. 

Estos datos, según el Servicio de Inspección del CGPJ, ponen de manifiesto “una elevada carga de trabajo, con un tiempo de respuesta de los órganos que oscila entre los cuatro y los ocho meses, sin tener en cuenta el Juzgado de Primera Instancia número 2, con competencia también mercantil”. La dedicación de cada órgano, según los datos estadísticos correspondientes al primer trimestre de 2021, fue superior al 195 % en todos los juzgados, lo que demuestra el esfuerzo de las oficinas judiciales que ahora se refuerzan. 

La medida adoptada por el CGPJ se enmarca en el plan aprobado por el Gobierno para hacer frente, dentro de la Administración de Justicia, a la crisis derivada de la COVID-19.